La difusión mediática de una denuncia por un supuesto caso de acoso sexual y abuso de poder en una dependencia policial, llevó a que las máximas autoridades de la fuerza resolvieran apartar de su cargo al entonces responsable de la comisaría de Guatraché.

Darío Zúñiga, el subcomisario bajo sospecha, fue reemplazado en Guatraché por Hugo Sosa, y mientras tanto quedó adscripto en la Seccional Segunda, lo cual instala el interrogante respecto de si la medida en algún punto no se parece a un reconocimiento.

El escándalo, de todos modos, no parece saldado: la propia Policía presentó la situación como una suerte de petición del propio acusado, que habría solicitado salirse de su ámbito de desempeño al menos hasta que se esclarezca qué fue lo que ocurrió.

Lo que está demasiado claro es el esfuerzo de todo tipo que la situación representa para la denunciante Andrea Soledad Ponce, quien decidió afrontar la molesta situación que le tocaba atravesar: relató las constantes insinuaciones, sugerencias y presiones por parte de su superior y explicó que se sintió humillada ante las reiteradas alusiones que invadían su vida laboral y personal.

Si los episodios de acoso sexual y abuso laboral ya resultan de por sí difíciles de afrontar y denunciar porque las víctimas suelen estar en una posición vulnerable y de debilidad, mucho más quimérica asoma esa circunstancia en el interior de una fuerza de seguridad donde siguen primando manías conservadoras, costumbres machistas y códigos de silencio.

Por lo tanto es necesario que las autoridades con poder de decisión e influencia actúen no sólo con diligencia y de modo transparente, no sólo con severidad y rigor, sino también ejerciendo vigilancia sobre posibles represalias: la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y la Fiscalía de General Acha -a partir de la denuncia que giró la Comisaría de la Mujer- tienen en sus manos la documentación correspondiente para esclarecer el episodio.

Mientras tanto, un par de datos colaterales merecen una mirada.

Por un lado, trascendió una fotografía del acusado Zúñiga, en compañía de otros efectivos policiales, vestidos con ropas de servicio y con bebidas alcoholicas en su poder: esa sola imagen, en este contexto, no contribuye a que se tenga de Zúñiga un concepto alentador.

Por otro lado, el subjefe de Policía Juan Domingo Pérez decidió intervenir en la situación de un modo que no es absolutamente claro, tomando contacto con el ex marido de la denunciante y abonando el terreno a que se sospeche que -como no suele ser tan extraordinario- se haya sugerido una suerte de piadoso silencio sobre las circunstancias que rodearon al hecho.

...y una de arena

Si ya había elementos suficientes como para considerar el Caso Carla Figueroa como una metáfora del mal funcionamiento del Poder Judicial, durante la semana que se fue apareció una revelación que pinta de modo más palmario el descontrol.

Tal como infirmó El Diario, funcionarios judiciales dieron autorización para que el criminal Marcelo Tomaselli -violador, marido y asesino de Carla- se prestara a la asistencia sicológica por parte de una profesional que no estaba matriculada ni posee títulos a tal efecto.

Selene Palavecino, inhabilitada legalmente para el ejercicio de la sicología, apareció sin embargo en posición de ser una especialista en la cuestión.

“Si me autorizaron, debe ser por algo”, explicó en diálogo con El Diario, como si la circunstancia fuera lo más normal del mundo.

También está claro que ella no es la responsable central de la irregularidad, sobre todo si su versión de los hechos es efectivamente así: la mujer explicó que acudió con sus títulos de tanatóloga y programadora en neurolingüística y consiguió el aval del fiscal Alejandro Gilardenghi y del juez de Control de General Pico Diego Ambrogetti para iniciar un tratamiento sicológico con Tomaselli, que se extendió durante unos dos meses hasta que se conoció la escandalosa revelación.

Selene Palavecino apareció incluso públicamente junto a Tomaselli, durante una entrevista periodística en la que ella misma protagonizó algunas intervenciones.

La gravedad de lo que asoma, en principio, como una negligencia mayúscula, se suma a las numerosas anomalías que en el marco de este mismo expediente han ido saliendo a la luz, y que tuvieron un desenlace trágico.

A esta altura de los hechos, y más allá de las lógicas responsabilidades de cada funcionario, es el propio Poder Judicial en pleno el que aparece en la picota, lo que tampoco significa considerar que todos sus integrantes actúan con la misma incompetencia, o que frente a todas las circunstancias las respuestas institucionales tienen las mismas carencias.

Sí es evidente que la Justicia necesita de un espacio autorítico, una forma de mirarse al espejo, para intentar evitar este tipo de papelones -encima con consecuencias lamentables-, que obviamente hacen mella sobre su credibilidad frente a la opinión pública y la ciudadanía.

Alertar sobre las groserías que padece el sistema en general no significa, de ningún modo, dejar de hacer Justicia con las personas y los actores que -aún como parte de esa red- deben atenerse a las consecuencias de sus acciones y omisiones.

Una cosa no quita la otra, sino que más bien la incluye: hacer Justicia es perseguir el mejoramiento del sistema, pero también poner en caja a sus integrantes.