Se supone que la cosa pública debe tener un grado mínimo de coherencia argumental, de fundamento y de que todo aquello que se aleje groseramente de la lógica será reparado aceleradamente, o encontrará instancias jurídicas de protección al afectado por el dislate. Se supone, así empezó la frase. De ahí a que sea eso lo que ocurre, especialmente en la Municipalidad de General Pueyrredon, hay un largo camino, capaz de desorientar al más avezado caminante. Es un poco lo que le ocurre a la Dra. Liliana Castiñeira, quien lo cuenta a N&P con sus palabras, su solvencia profesional y, paradójicamente, su desorientación.

Noticias & Protagonistas: La licenciada María Gabriela Lupidio, asistente social, atraviesa una curiosa, compleja y difícil situación de abuso laboral por parte de su empleador, el Estado Municipal. ¿Nos lo puede explicar en detalle?

Dra. Liliana Castiñeira: Cómo no, aunque es difícil de explicar tanto para ella como para mí que la patrocino profesionalmente. Empecemos diciendo que trabajó 22 años en el municipio y que tiene un legajo intachable, en el que constan tres o cuatro felicitaciones escritas por su desempeño en diferentes períodos administrativos. En realidad debo decir que nunca había visto un reconocimiento de esta índole. Por eso me costó varios encuentros desentrañar el caso.

N&P: Por lo que tenemos entendido, pese a lo que usted relata, ella está siendo “castigada”, podría decirse…

LC: Algo de eso debe ser, porque la verdad es que no está suspendida, ni apercibida, ni despedida ni nada, pero hace ocho meses que no cobra su salario pese a que hay tres acciones iniciadas y una acción de amparo. Le suspendieron el sueldo porque no quiere ir a hacerse una evaluación psiquiátrica. Lo notable y que hace más cruel el tema, es que hay un informe proveniente de Contaduría donde queda acreditado que es el único ingreso que tiene, en circunstancias como la de haber tenido a cargo a su mamá, postrada, que falleció hace un mes, y una hermana con discapacidad también bajo su custodia. Esa es la situación concreta.

N&P: ¿En qué instancia están las acciones?

LC: En el contencioso administrativo hay dos reclamos judiciales pidiendo la nulidad de estos actos vergonzosos y sin fundamento alguno, y un amparo para que no le suspendan el salario hasta que no la echen, no se considere despedida, o se resuelva la cuestión judicial. Pero también esta acción fue rechazada. Creo que el fuero contencioso administrativo funciona como si fuese un poco parte de la Municipalidad. Más aún, fui a la Cámara cuando me rechazan el amparo, pidiendo los salarios porque consideran que es un tema que hay que probarlo…

N&P: Suena un poco absurdo…

LC: En mayo cumplí 30 años de profesión y este es un tema que, sinceramente, no sé cómo encararlo a nivel procesal porque es tan enorme la impunidad, y tal el capricho, que desconcierta. No obstante, indagando sobre la angustia de esta mujer, verifiqué una denuncia que ella hizo en la Defensoría del Pueblo, en 2003 o 2004: por ese entonces desde el municipio mandaron una partida para una plaza o un colegio, no recuerdo bien, y ese dinero pasaba por su control y el de otro agente. Ella denunció que una parte del dinero no había ido donde correspondía, dejando constancia de que por sus manos no había pasado esa extracción, deslindando responsabilidades. Después de ello, ese monto se devolvió. Quiero pensar que ahí está el punto, porque otra cosa no hay.

N&P: Entonces, el contencioso administrativo parece actuar alineado con los intereses del Ejecutivo de turno, dándole la razón siempre al Estado, la tenga o no.

LC: Exactamente. No importa de qué se trate, siempre la respuesta será “No”, o bien “va por extraordinarias”, o “hay que estudiarlo detenidamente”, o lo que sea. Es chocar contra la pared. En este caso concreto que ya lleva meses, yo hice la denuncia ante esa figura nueva que es el procurador municipal a cargo del Dr. Colombo; le dije incluso que había que iniciar un expediente para que sea un acto administrativo con todos sus requisitos, por el que se la intima a hacer tratamiento psiquiátrico porque sí. Pero las acciones ahí están, en traslados, contestaciones; en fin, algún día saldrán.

N&P: ¿Es verdad que quisieron internarla?

LC: Sí, y nos enteramos de casualidad de que había en el tribunal de familia una orden para que fuera internada en el Hospital Interzonal, siendo que no hay patología que lo justifique. Hay un diagnóstico que habría hecho la Dra. Agüero, jefa del Departamento de Medicina, que además no está habilitada para diagnosticar sobre los empleados de su departamento, sino para recibir y controlar carpetas médicas. Es un diagnóstico sin entrevistas, ni técnicas de medición, etc. De casualidad pudimos parar esa orden, porque si no la iban a buscar en un patrullero para internarla. Es tal el abuso de todo esto, que no sé qué decir y no lo puedo explicar.

¿Sueldo “humanitario”?

En todo el disparate que envuelve el caso Lupidio, hay uno más que cruza la línea del absurdo; porque más allá de cualquiera de las razones que se esgriman, dejar sin ingresos a una persona que se los ha ganado desempeñando sus tareas, ya tiene perfil cercano a una violación de los Derechos Humanos, tan caros en los discursos de algunos concejales que, en este tema, brillan por su ausencia.

Lo cierto es que la Municipalidad, en diciembre de 2009 y ante los reclamos de la damnificada y su patrocinante, decide vía despacho administrativo que el sueldo del mes de octubre -impago por entonces- le sea abonado “por razones humanitarias”. Esta decisión, así fundamentada, es una muestra flagrante del desconocimiento con que la gestión se maneja porque no existe ningún caso, en toda la legislación argentina, donde el salario se pague por humanitarismo: se paga por el trabajo. Claro, con tal de justificar lo injustificable, hay quienes utilizan argumentos retorcidos, avalados por la seguridad de una justicia que los dejará impunes.