Esta resolución implica que sigue en vigencia el decreto n° 245/12 que modifica el régimen tarifario del servicio de agua y cloacas, con un aumento del 180% para todos los usuarios.

Fuentes de la empresa aseguraron este diario que se prorrogó hasta el día 26 del corriente el vencimiento de la factura de junio del servicio no medido.

Además, para aquellos usuarios que hayan abonado la factura de junio a valores de mayo, la compañía propiedad del Estado provincial dispuso que podrán pagar la diferencia en cuatro cuotas a partir del próximo mes de septiembre. Además, la empresa informó que se encuentran habilitados todos los medios de pagos para abonar la factura.

Desde ABSA también recordaron que la Cámara en lo Contencioso Administrativo falló a favor de la empresa ante los mismos reclamos que se efectuaron en la anterior reformulación tarifaria producida en 2008.

El juez Arias había hecho lugar a una medida cautelar presentada por el diputado provincial Oscar Negrelli y asociaciones defensoras de consumidores ordenando suspender la suba y exigiendo que la empresa emita nuevas facturas sin el ajuste. Durante dos semanas hubo extensas colas en la sede de ABSA ubicada en 5 y 49 porque había una enorme confusión sobre si el aumento estaba o no vigente, dado que muchas boletas habían llegado con la suba a pesar de que estaba suspendida.

Cuando la situación comenzaba a normalizarse, ahora todo vuelve hacia atrás, y la empresa perteneciente a la Provincia puede volver a cobrar el aumento, aunque todavía resta que la Cámara resuelva si el mismo es válido o no.

En diálogo con Hoy, el juez Arias explicó: “Hay una cautelar que está vigente, pero no se aplica tras esta resolución de la Cámara, pero la causa sigue su curso y falta dictar la sentencia definitiva. La causa tiene distintas facetas, esta es una etapa inicial”. A su vez, aclaró que “en caso de que resultara un fallo adverso a la empresa, ésta debiera devolver lo cobrado con aumento”.

La cuestión de fondo

El aumento de ABSA afecta a alrededor de cuatro millones de usuarios distribuidos en La Plata y en otras 85 ciudades de la Provincia. Distintas organizaciones de consumidores se opusieron a la medida desde que se conoció el decreto del gobierno provincial que autorizaba la suba, planteando centralmente que era inconstitucional dado que no se había llamado a una audiencia pública y, por otro lado, advertían que el aumento no se correspondía con la calidad del servicio.

Recomiendan seguir reclamando

“Estamos estudiando presentar un recurso extraordinario ante la Corte y las acciones del caso para presentar ante el expediente”, aseguró a Hoy Osvaldo Bassano, titular de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc).

Además, explicó que “lo que ahora tienen que hacer los usuarios es seguir reclamando que no le apliquen un aumento que no está acorde al servicio y tampoco está acorde a la prestación, y además la norma es abiertamente inconstitucional. La factura tienen que pagarla, pero a su vez tienen que apelar al reclamo”.

“La gente puede apelar porque es un derecho. Porque acá no estamos ante un impuesto, se trata de un servicio vital”, concluyó Bassano.