El senador Pablo González (FVS-Santa Cruz) reúne una particularidad: integra la totalidad de las comisiones que intervienen, en el Senado, en el tratamiento de la ley de expropiación de YPF y es el vicepresidente de la Bicameral de los DNU, que deberá aprobar, este jueves, el decreto que concreta la intervención por 30 días de la empresa y pone al frente de la misma al ministro de Planificación Federal.

Al hablar sobre el anuncio en sí, el senador volvió a calificar, como el propio lunes, que “fue una jornada histórica” y aseguró que “demuestra la voluntad política y el compromiso que tiene con su país la presidenta, a pesar de tantas amenazas bastante absurdas que ha tenido nuestro país del gobierno español y algunos países de la UE”, señaló el legislador en diálogo con La Opinión Austral.

González recordó que “los recursos naturales son de los argentinos, sólo se dieron en concesión desde el año 1992 y lo que hizo la presidenta es tomar una decisión con coraje, que lo puede hacer solamente ella”.

Trámite parlamentario

Durante toda la jornada de ayer se concretó el plenario de las comisiones de Minería y Energía, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda, encuentro presidido por el titular de esta última, Aníbal Fernández.

Durante el plenario, sus integrantes, y entre ellos el senador santacruceño, se abocaron a la tarea de analizar la ley enviada por el Poder Ejecutivo para expropiar el 51% de las acciones de YPF.

“Es un tema que se venía estudiando hace tiempo, aunque no teníamos todavía el proyecto, recién comenzó ayer (por el lunes)”, dijo el legislador y destacó que una vez logrado el despacho, este tendrá habilitado su tratamiento a los siete días, por lo que podría ser tratado en la sesión del miércoles de la semana próxima, “siempre y cuando en Labor Parlamentaria se apruebe su inclusión en el temario”, aclaró, aunque es algo que da por descartado.

Con media sanción, el proyecto será girado a la Cámara de Diputados, “donde el oficialismo tiene mayoría y por lo que he visto, hay varios bloques que no suelen acompañar las iniciativas del gobierno nacional y que ahora estarían dispuestos a acompañarlo, por lo que su aprobación está garantizada”, sostuvo. Cabe recordar que sólo se necesita mayoría simple para su aprobación.

Pablo González destacó que en el Senado “está todo dado para que la ley pueda ser tratada, no es un texto largo, son 18 artículos y uno de forma, acompañados por más de 50 hojas de fundamentos”, sostuvo.

El futuro

Sobre lo que se debe esperar de ahora en más con la empresa a manos del Estado, González se declaró “muy optimista” al respecto y señaló que “se abre una gran posibilidad para las provincias productoras y en especial para la provincia de Santa Cruz”.

Recordó que “estuvimos dos años tratando de lograr que se plasme en un acuerdo un compromiso de inversión en el marco de la Ley 3.117 (ley marco regulatorio de las renegociaciones) y nunca pudo ser realizado”, amén de que, agregó, “en el medio tuvimos infinidad de idas y vueltas, con una relación muy difícil con la operadora, cosas que han pasado y en algunos casos por falta de compromiso social empresario”, reseñó, enfatizando que “estos dos últimos años han sido de muchos problemas y un poco han pasado en otras provincias, y mucho de eso ha determinado que la presidenta haya tomado la decisión que tomó”.

“Fue un proceso”, dijo González y “ese proceso terminó como terminó”, destacó la nota central del suplemento Económico de este diario del 11 de marzo pasado, “en el que con un cuadro demostrativo se ve cómo YPF fue decreciendo su producción y otras operadoras como OXY/Sinopec duplicaron su volumen en el mismo período”, señaló y sostuvo que “esos 4,5 millones del 2006 que se cayeron a casi 3 millones en el 2011 son ingresos que perdió la provincia de Santa Cruz, quizás si la operadora hubiera tenido otra política respecto de las inversiones, hoy sería otra la historia”, recalcó.

Consecuencias legales

Para el senador santacruceño, los dichos del Gobierno español son “vergonzosos” y agregó “es un avasallamiento total al país las declaraciones de los ministros de España que yo vi por televisión. Nos estaban amenazando como quien invita a pelear en la esquina”.

“Nos dicen que van a existir consecuencias muy duras y que esto afecta la seguridad jurídica, cuando acá quien incumplió el contrato fue YPF, ellos transfirieron dinero al exterior, Repsol ganó muchísimo dinero a costillas del Estado nacional, que debió salir a importar combustible por 11 mil millones de dólares, porque ellos priorizaban los combustibles premium y no los que son para producción, que debió suplirlos la Argentina”, sostuvo.

El legislador recordó, nuevamente, que “Argentina tiene la soberanía y la propiedad de sus recursos y lo que está haciendo es aplicar una ley que es la Ley 21.449, que es la ley de expropiaciones, anterior a este proceso, lo cual sumado a los incumplimientos son las garantías jurídicas que tiene el país para tomar la decisión que tomó, sumado al coraje de la presidenta que asumió esta decisión pese a lo que se decía en los medios”.

Costo de la decisión

Ayer se conoció que Repsol demandará a la Argentina un pago de 8 mil millones de euros por las acciones expropiadas, pero “el monto lo determina el Tribunal Nacional de Tasación, lo dice la ley de expropiaciones y también el proyecto enviado al Congreso”, dijo González y reconoció que “seguramente eso va a determinar el proceso judicial, pero que tendrá que ser tramitado en Argentina, porque YPF es una empresa que está radicada en el país, constituida con leyes conforme al régimen argentino, con lo cual ese juicio debe hacerse en el país”.

Señaló que “el tribunal hace un justiprecio de las acciones y esa es la oferta que hace el Estado a Repsol, si la empresa no lo acepta, ese juicio se transforma en contencioso y lo único que puede cuestionar Repsol es el valor de las acciones y no la declaración de interés público, ya que es algo que legalmente ya no puede objetar porque es una decisión soberana”.

Intervención

Este jueves se reúne la comisión Bicameral de los DNU, de la cual Pablo González es vicepresidente, para tratar el decreto de intervención a YPF.

“Creemos que el mismo tendrá un tratamiento rápido, no creo que la oposición esté en contra de la intervención porque el objeto es evitar que haya despidos o bien que las provincias puedan seguir produciendo y recibiendo regalías”, sostuvo.

Reconoció que algunos de los cuestionamientos es “por qué no se hizo antes”, pero sostuvo que lo importante es que la decisión se tomó. Respecto de algunas críticas que la oposición hizo sobre que el interventor sea el ministro De Vido, González rechazó las mismas aduciendo que “creo que es la persona indicada, conoce la actividad petrolera de toda la vida, sobre todo en la época de economía del gobierno de la provincia, donde debió entender con las operadoras”, manifestó y señaló que el ministro sabe cómo se vive la realidad desde una provincia y tiene la mirada del Estado nacional también.