Los ecos de la suspensión de Baltasar Garzón todavía resuenan a ambos lados del Atlántico. Mientras el juez acusado de prevaricato por investigar los crímenes del franquismo llegaba este jueves a Buenos Aires, la Justicia española iniciaba la primera investigación por robo de bebés durante la dictadura que azotó a ese país entre 1939 y 1975. PERFIL consultó a Garzón acerca de las causas sobre apropiaciones ilegales, pero el magistrado prefirió no responder hasta que finalice el juicio en su contra.

Según estima el historiador catalán Ricard Vinyes, serían alrededor de 30 mil los casos de adopciones irregulares durante los años de plomo en la península ibérica, aunque aún la Justicia no estimó un número oficial de estos crímenes. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos ibéricas ya posaron sus ojos en las estrategias judiciales de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo. “Para comenzar las denuncias tomé como referencia el caso argentino. En Argentina era una represión militar y aquí esto fue una cuestión gestionada por la Iglesia, bajo el paraguas de impunidad del franquismo”, declaró a PERFIL desde Madrid Fernando Magán, abogado que representa a los familiares que buscan a los niños apropiados.

Mientras desde las organizaciones de derechos humanos señalan a los culpables, las fiscalías de Cádiz y de Algeciras abrieron investigaciones sobre estos crímenes en el sur de España. En todos los casos, las autoridades de los hospitales les comunicaban a los padres que sus hijos habían fallecido y les ofrecían enterrarlos para evitar que la familia sufra más dolor. Así, los progenitores nunca veían los cuerpos de los niños. “Los menores eran entregados a familias de gran poder económico, de religión católica y adictos al régimen”, asegura Magán, que sostiene que la Ley de Amnistía, sancionada en 1977, y la de Memoria Histórica, promulgada por José Luis Rodríguez Zapatero en 2007, no son un obstáculo para avanzar en las causas.

“Parece que siempre intervinieron los mismos médicos. El siguiente paso es ver si hubo alguna connivencia del poder político”, confió Juan Cisneros, el fiscal de Algeciras que encabeza una de las investigaciones.

Aunque las casos de Cádiz cobraron impulso esta semana, en el juzgado 21 de Madrid se concentra la principal causa sobre robo de bebés, que también involucra casos en Bilbao, Galicia, Asturias y Tarragona. “Considero que fue un plan sistemático de apropiaciones. Si se demuestra que se han producido al amparo de la impunidad de la dictadura, estaríamos hablando directamente de crímenes de lesa humanidad”, aseveró Magán.

Para el abogado español, que acusa a la Justicia de su país de “no querer investigar”, Garzón fue una excepción en la Audiencia Nacional, al impulsar el primer auto judicial en noviembre de 2008 sobre la apropiación de niños en el franquismo. Mientras el magistrado que acorraló a los jefes de la dictadura argentina y encarceló a Augusto Pinochet es enjuiciado por embestir contra el régimen de Francisco Franco, Magán y un grupo de familiares reclaman que la Justicia indique cuál es la mano que mecía la cuna.