Aunque el gobierno prometió difundir con cierta premura la posición oficial tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia, el trámite sigue brillando por su ausencia. Los diputados del FrePam siguen su estrategia.
Seupuestamente, la asesora Daniela Vassia iba a recomendar que se acatara el fallo (algo que no puede obviarse al tratarse de una decisión judicial), según había trascendido. Pero lo cierto es que, pese a que el mismo gobernador Oscar Mario Jorge dijo que se iba a dar a conocer la decisión próximamente y que “lo estaban analizando”, la resolución todavía no salió.
Mientras tanto, diputados del Frente Pampeano presentaron un proyecto de ley por el cual proponen que La Pampa adhiera a la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles (ANP) establecida por el Ministerio de Salud de la Nación, en el marco del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.
A pesar de que no debería ser necesario ningún marco legal ni “recomendación” -la Corte dice, básicamente, que se respete lo establecido en el artículo 86 inciso 2 del Código Penal- en este caso el bloque opositor, a través de la diputada Delma Sánchez, presentó el proyecto “con el fin de evitar dilaciones en su implementación, demora que se daría en el caso de elaboración de una guía provincial”.
Allí se propone la adhesión a la Guía elaborada por Nación, “la cual no solamente es clara y exhaustiva en su contenido sino que ha sido elaborada de manera interdisciplinaria por médicos, sanitaristas, juristas y psicólogos entre otros profesionales”, argumentó.
Desde el momento en que la Corte dio a conocer el fallo generó -sobre todo en el caso de nuestra provincia- idas, venidas, interpretaciones y posicionamientos.
El ministro de Salud Mario González quedó mal parado. A tal punto que directamente el gobernador lo desautorizó cuando dijo que su posicionamiento había sido en realidad “un comentario personal”. Después, de todos modos, le dedicó algunos gestos de respaldo.
En ese mismo momento el jefe del Ejecutivo adelantó que se reuniría con la asesora letrada para hablar sobre el asunto.
“Como Gobierno tiene que entenderse que acá no se es pro abortista o no abortista, el Gobierno tiene que aplicar la ley”, indicó Jorge. Y añadió que “la legislación sobre el tema del aborto está dentro del Código Penal. Uno como gobernador tiene que aplicar la ley. Hay que tener mucho cuidado porque si un médico practica un aborto y es ilegal, el pobre (por el médico) va a pagar sus consecuencias por un delito”.

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