Así, el diputado nacional por Salta, Alfredo Olmedo, presentó un proyecto de Ley a fin de que se convoque al electorado de la Nación a una votación vinculante sobre la admisibilidad legal o no de la interrupción del embarazo que no se encuentren incluidas expresamente dentro de las causales previstas en el artículo 86 del código penal.

El diputado Claudio del Pla á, en una dirección opuesta a la del legislador nacional, anunció que iría a la Justicia junto a los grupos en defensa de los Derechos de las Mujeres, para que se deje sin efecto el decreto 1170 de este año, comete "un grave desacato porque el fallo de la Corte es de aplicación en todo el territorio nacional como lo es el Código Civil, y este decreto esta creado para impedir que se aplique plenamente el fallo".

La discusión es en torno a la interpretación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que sostiene la no punibilidad de los abortos cuando se trate de niñas, adolescentes o mujeres que hayan sido violadas, y cuyo derecho involucra la simple declaración jurada en el Hospital para realizarse un aborto.

En Salta, el gobernador Juan Manuel Urtubey estableció que la práctica solo se hará una vez que se haga la denuncia penal o una declaración jurada ante un defensor o asesor de menores. A entender de del Pla y otros sectores esto implica judicializar la práctica, a pesar del expreso pedido de la Corte de no caer en ello.

Una pregunta tramposa

Según los fundamentos del proyecto de Ley de Olmedo, la pregunta de esta consulta popular vinculante sobre la admisibilidad de lo interpretado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación será "¿Está usted de acuerdo con que las mujeres interrumpan su embarazo -aborto- decidiendo libremente la muerte de la persona por nacer?". Como es de suponer, solo se puede responder si o no.

Para Olmedo, este tipo de acciones "contribuyen a la democracia a través de una participación más directa", creyendo que con esto está "haciendo un aporte importante a la discusión sobre el aborto". Consideró un "mal menor", lo establecido en el artículo 86 del Código Penal, aunque si destacó que con su propuesta trae "a la luz a la discusión, cuyas aristas son en extremo complicadas, y que abordan cuestiones éticas, religiosas, morales y hasta financieras".