Desde el Inadi entienden que el caso es de prioridad “ante el grave hecho de violencia” que sufrió una niña de 11 años de la localidad de General Campos, que fuera abusada sexualmente y hoy cuenta con un embarazo de tres meses.

Al respecto, el interventor del Instituto, Pedro Mouratian, sostuvo que “tomando en cuenta la edad de la niña, y que el embarazo fue producto de un abuso sexual, el caso encuadraría en el artículo 86 del Código Penal de la Nación Argentina; además, se entiende, que un embarazo de tales características pone en riesgo la salud psicofísica de la niña”.

El Instituto sostuvo que el caso no debería haber llegado a la Justicia, sino que debería haberse realizado sin demora la interrupción del embarazo en el ámbito de los servicios de salud.

Según la Convención Internacional de los Derechos del Niño, el Estado debe garantizar el derecho del/a niño/a a ser protegido/a contra toda forma de abuso físico y mental (Artículos 19, 32, 34, 35 y 39), el derecho a la salud (Artículo 24) y el derecho a expresar libremente su opinión en los asuntos que lo/a afecten, teniendo en cuenta debidamente sus opiniones.