El obispo de Corrientes, monseñor Stanovnik, reafirmó la negativa de la Iglesia a la legalización del aborto. Fue luego de la eucaristía por el día de los difuntos.

LOS NUMEROS

450.000 abortos clandestinos se realizan aproximadamente cada año. Con 3 mil fallecimientos desde 1983, es la principal causa de muerte materna en Argentina.

El debate por la legalización del aborto dio un primer paso en el Congreso de la Nación, no sin confrontar posturas en la embajada correntina y replicar en instituciones locales. El proyecto que promueve la interrupción voluntaria del embarazo hasta doce semanas de gestación, tuvo un predictamen favorable de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados.

Lo resuelto por los legisladores suscitó diversas opiniones. La diputada Patricia Bullrich solicitó la impugnación de la reunión, ya que estuvieron presentes 12 de los 31 integrantes. En tanto que en Corrientes, la Iglesia, con visión contraria al despacho, convocó a ampliar el debate y tratar la problemática desde una mirada integral.

“El tema del aborto exige un debate amplio donde se tengan en cuenta todos los proyectos, no sólo los que se resuelven mediante el aborto”, expresó ayer a El Litoral el arzobispo de Corrientes, monseñor Andrés Stanovnik.

El proyecto con despacho de la Comisión de Legislación Penal cuenta con el aval de dos diputadas correntinas: María Josefa Areta y María Elena Chieno. Los legisladores que firmaron el despacho sostienen que se trata de una problemática referida a la salud pública. Con tres mil fallecimientos desde 1983, se constituye como la principal causa de muerte materna.

El Gobierno provincial, por su parte, manifestó su postura en contra del aborto y cinco municipios correntinos, de colores diversos, adhirieron a la iniciativa. Entre ellos, la Comuna peronista Bella Vista y la radical Vi-rasoro, de donde es oriundo el actual diputado nacional Rodolfo “Rudy” Fernández.

Por su lado, el legislador reelecto de la UCR, Agustín Portela, adelantó su postura de convocar a un plebiscito vinculante para definir el tratamiento de la interrupción del embarazo.

Quien no podría debatir el proyecto es el liberal José Ameghino Arbo, ya que cum-ple mandato en diciembre y se estima que con la remisión del dictamen a las comisiones de Familia y Salud, la iniciativa podría llegar al recinto en 2012. No obstante, el legislador correntino se manifestó en contra de la legalización, salvo excepciones como el aborto terapéutico, cuando corre riesgo la vida de la madre y en caso de violación.

Sin embargo el representante por Corrientes manifestó su disconformidad por la celeridad en el tratamiento de la propuesta. “Es un tema que se debe discutir con absoluta tranquilidad y responsabilidad. Si hacen falta tres años, hay que discutirlo durante esos tres años, pero con responsabilidad”, expresó Arbo a El Litoral.

Por su parte, la kirchnerista Araceli Ferreyra podría debatir la iniciativa el próximo año. Electa en octubre, asumirá su banca en diciembre. La diputada manifestó su postura a favor de la despenalización.