En un reflexivo y argumentado documento los doctores María Cristina Irala y Liborio Mauro Sosa, consideraron que ?entre las libertades, la de prensa, es una de las que poseen más entidad, al extremo que sin su resguardo existiría tan solo una democracia desmedrada o puramente formal?.

?Sin dudas se percibe que con esta decisión también se ponen límites al permanente avasallamiento de los que detentan cargos públicos, sobre los derechos de los ciudadanos quienes, ya transcurridos 30 años de democracia, aun no son conscientes de sus obligaciones republicanas, de sus responsabilidades, se olvidan que la republica les impone el deber de publicitar todos los actos de gobierno, de rendir cuentas a la ciudadanía, desconocen que administran la cosa pública, no la cosa nostra, que el pueblo tiene derecho a informarse, opinar, ejercer las críticas, decidir sobre sus destinos, expresando sus ideas?, advirtieron.

?El Poder Judicial no escapa a la crisis de institucionalidad que vivimos. Abarrotado por la judicialización de los ?males sociales? (falta de acceso a la vivienda, a la salud, desocupación) consecuencia de las malas decisiones de los detentadores del poder real y la subordinación de determinados jueces al caudillo de turno, han convertido al órgano encargado de controlar y garantizar la eficiencia de las instituciones (la marcha de las escuelas, la prestación de servicios públicos, la paz social), en un no-poder. Pese a todo esto, fallos como el mencionado, nos devuelven un poco de la confianza perdida sobre nuestro Poder Judicial?, insistieron.

?La libertad de prensa como género de la libertad de expresión, resulta así uno de los pilares fundamentales del sistema democrático, debido a que garantiza la libre difusión de ideas por parte de cualquier persona o editorial y a su vez nos permite controlar las actividades de los que detentan el poder. Es de personas de bien rescatar los hechos positivos, que finalmente exista una decisión judicial de empezar a aplicar los Tratados Internacionales y la Constitución reconociendo los derechos esenciales de todos los habitantes, que permanentemente son frustrados por hacer prevalecer leyes locales de forma, abortando la vigencia real de derechos humanos imprescindibles para una sociedad madura y realmente republicana?, enfatizaron Irala y Sosa.

INDEPENDENCIA

?Expresamos nuestra esperanza en que este proceso no se detenga y que la Justicia se vista de gala haciendo valer el imperio de la ley y no el de la fuerza, de la sinrazón, del peso del poder. Pero para eso es necesario también dotar de los recursos para lograr la independencia real del Poder Judicial: que manejen su propio presupuesto, otorgarle autarquía financiera, aumento de sueldos a los jueces (no se justifica que tengan un salario en un 50% menos que los jueces nacionales), que el Consejo de la Magistratura cumpla el rol que le otorgó la Constitución, eligiendo a los probos, elaborando una composición equilibrada y ausente de influencias políticas, y de este modo lograr que los jueces designados decidan sobre la vida, la libertad y el honor de las personas con honestidad personal e intelectual y ajustándose a la ley y no a las presiones constantes.

Además deben funcionar los resortes legales para aquellos jueces que, por agradar al poder político, pisotean la Constitución y los derechos de los ciudadanos?, enumeraron.

?La Sociedad ya ha repudiado, falta que los que detentan la gran responsabilidad de sanear la Institución actúen con la ley en mano, para que la democracia que tantas vidas costo recuperar no siga bastardeada, y es así que se recuperará la imagen de la Justicia, ultimo resguardo de la dignidad de la gente, hoy tan avasallada por el poder político y reflejada en madres que piden justicia por la muerte de sus hijos, jóvenes que soportaron la dura represión con estoicismo por el solo hecho de querer ejercer la libertad de elegir, pueblos originarios y no originarios que reclaman por tierras despojadas, gremialistas a quienes les impiden la libre elección de sus representantes o su legal conformación, espionaje a activistas sociales, etcétera?, advirtieron.

Y redondearon: ?Con esta serie de medidas podremos decirles a nuestros jóvenes, a quienes permanentemente se los convoca a la participación, que pueden manifestar sus opiniones y elegir libremente a sus representantes, sin injerencia del poder político de turno, ni someterse a atropellos policiacos (como ocurrió en el Ex Colegio Nacional). Asimismo tendremos los adultos autoridad para orientarlos hacia valores superiores, porque hay una Justicia que les garantiza el ejercicio de sus derechos y libertades; hasta entonces solo les demostraremos que lo aprendido en las escuelas y lo escrito en los libros son buenas ideas que la realidad va destruyendo por completo?.