Ayer estaba prevista la segunda conciliación simple convocada por la dependencia laboral, pero nuevamente no se llevó adelante por la ausencia de los representantes de las empresas. Mientras, los trabajadores de las tercerizadas Todolim, Trabasani y Cocirap (que pidieron reserva de su identidad ante las fuertes represalias que suele tomar la empresa contra quienes hacen las denuncias), acusaron que la extorsión para que se firme la conformidad del traspaso llega incluso a través del despido de los hijos de trabajadores tercerizados ya sostuvieron que no firmarán su conformidad del traspaso.

Ayer por la tarde se denunció que referentes de la empresa, que se identifican como del entorno más cercano al diputado provincial por el PJ y secretario general de ATSA, Abel Ramos, volvieron con las presiones sobre los trabajadores para firmar la conformidad del traspaso con la amenaza de que aquellos que no lo hicieran, no iban a cobrar el medio aguinaldo. Aunque se hicieron las consultas al coordinador de las empresas tercerizadas, Sergio Dazzi, este indicó a Nuevo Diario que no hará declaraciones.

El hecho es que para poder concretar el traspaso, las empresas de ATSA deben presentar la conformidad de los trabajadores. Y es que tras la primera experiencia que tuvieron con el traspaso de la planta estatal a las tercerizadas en 1998 (con el que aseguraron, quedaron peor que cuando estaban en el Estado), temen que este nuevo traspaso implique peores consecuencias a las ya vividas.

Impuestos pagados por hospitales

Gas, agua y luz. Los trabajadores indicaron que los tres impuestos son pagados por los hospitales en los que se hace el servicio de la lavandería. Ante ello, sostuvieron que los gastos están siendo mayores para los hospitales, y que de haber seguido ellos en el Estado, habría menores gastos en ese rubro.

Otra de las quejas que se arrastra desde hace algún tiempo, es que al disponer multas a las empresas por incumplimientos de contrato, estas se vuelcan sobre los trabajadores. "Los servicios no van a ser buenos en la medida que tu patrón no te da lo que necesitás", sostuvieron los trabajadores en diálogo con este medio, al indicar como ejemplo que lavandina, detergente y desodorante de ambiente se los dan ya diluidos. Por otra parte, denunciaron que deben llevar sus propias herramientas para trabajar. Mientras, el peor ejemplo es que sostuvieron es que a pesar de estar algunos trabajando hace 25 años, cobran un "básico general" de $1200.

Por los sueldos "que corresponden"

"Los bienes de una Fundación son inembargables", sostuvieron los abogados, al sostener que es por ello que los trabajadores quedan en una situación de mayor desprotección en caso de que se haga el traspaso de las sociedades anónimas a una fundación. Y es que sostuvieron que, en el caso presente, no habrá posibilidad de trabar los embargos por las indemnizaciones "que corresponden".

El hecho es que los abogados están reclamando la categorización laboral que corresponde a los trabajadores y, en consecuencia, los salarios, que en muchos casos se pagan un 100% menos de lo que corresponde según la escala en la que deberían estar incluidos los trabajadores. Ante ello, sostuvieron que las irregularidades están vigentes. Respecto de la existencia de una sociedad con los trabajadores, indicaron que ello está probado que fue "solo un sello", dado que siempre existió una relación de dependencia.

En cuanto al papel del Estado Provincial sostuvieron que es el que debería aclarar su intervención dado que, en caso de llegar a la Justicia, es el Ejecutivo el que podría tener responsabilidad por la situación laboral y las indemnizaciones de los trabajadores.