El presidente de la Cámara de Productores Agrícolas del Departamento Avellaneda, Roberto Iriroy, denunció que el grave problema subsiste desde 2004 cuando se acordó con la provincia devolver los créditos, sin embargo "el compromiso daba cuenta que los honorarios debían estar a cargo del Estado, que al no cumplir, los abogados nos quieren cobrar a nosotros".

La situación se ventiló en la última sesión de la Legislatura rionegrina. Con el pedido de "urgente tratamiento", los legisladores Magdalena Odarda (ARI) y Luis Bonardo (Foro) lograron que el cuerpo apruebe un pedido de intervención al Poder Ejecutivo Provincial y Fiscalía de Estado de la Provincia de Río Negro, a fin de que arbitren los medios necesarios para que se suspendan las causas judiciales que perjudican a cientos de pequeños y medianos productores de Río Negro por ese tipo de cobros.

A los honorarios se deben sumar exigencias en el pago de intereses compensatorios, punitorios e IVA por deudas mantenidas con el Residual, la empresa estatal Río Negro Fiduciaria, Fondo Hortícola y todo organismo del Estado Provincial. La idea es que el pago lo afronte el Estado Provincial, tal como lo establece la cláusula tercera de los convenios suscriptos oportunamente entre la Fiscalía de Estado y los productores.

Iriroy había solicitado asistencia legislativa poniendo como ejemplo que "muchos productores hubieran podido regularizar sus deudas o parte, ya sea, con el Banco Residual, Fondo fiduciario, y dejarían de esta manera, de ser acosados judicialmente como sucede actualmente si se hubiesen escuchado los pedidos de los productores", advirtió Odarda.

Este sector había llegado a un arreglo seis años atrás cuando surgió el decreto 1133. La alternativa elegida en ese momento era facilitar el pago de sus obligaciones y desenvolvimiento productivo, ligándolo a la inversión que el deudor proyectó llevar adelante en su predio.