Están indignados y lo manifiestan con contundencia. Las autoridades del Colegio de Abogados de Tucumán y de la Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores rechazaron el proyecto de ley para modificar el destino de los fondos depositados en cuentas judiciales, y denunciaron que la iniciativa sólo apunta a perjudicar económicamente a la entidad encargada de pagar las jubilaciones y pensiones de los letrados.

Hasta el momento, el régimen prevé que, una vez cumplidos tres años sin movimiento, las cuentas intervenidas por la Justicia sean administradas por la Caja para su financiamiento, que podrá depositarlas en plazo fijo. No se transforma en su propietario, sino que sólo se beneficia con su usufructo hasta el dictado de una sentencia que defina el destino del dinero. La iniciativa impulsada por Carlos Canevaro (alperovichista acoplado mediante Unión Norte Grande) propicia, en cambio, que el Banco del Tucumán maneje los depósitos por cinco años, y que luego pasen a la Corte Suprema de Justicia.

Destinatarios del malestar son tanto la Legislatura como la Corte. Si bien el presidente del Colegio, Eudoro Aráoz, calificó como un buen gesto que la iniciativa del oficialismo haya vuelto a la comisión de Hacienda para su estudio, se quejó de que haya sido incluida en el orden del día de la sesión del viernes sin haberlos consultado.

"Hay que priorizar el diálogo con todos los involucrados y no tomar decisiones inconsultas, con actitudes casi clandestinas y nocturnales. Nos sorprende que la Corte haya avalado este proyecto, según dijo Canevaro en el recinto, cuando los abogados siempre la respaldamos ante cada intento de avasallar su independencia. Por ello, le vamos a pedir una audiencia oficial, y también informaremos de esta situación a los organismos nacionales. No nos merecemos este trato desaprensivo ni que quieran solventar las obras públicas con recursos de los abogados", sostuvo.

A su vez, el titular de la Caja, Pedro Yane Mana, aseveró que, si la Corte consensuó la iniciativa con el oficialismo parlamentario, se estaría frente a un hecho de una severa gravedad institucional. "Es inadmisible esta pretendida quita de recursos genuinos de una entidad austera y eficiencia, que no le pide nada al Estado para su subsistencia. Si prospera, no podríamos mejorar nuestro servicio", señaló.

El dirigente recordó que está en trámite una acción en el Juzgado en lo Civil y Comercial contra el Banco del Tucumán por negarse a remitir los fondos, tal cual lo dispone la ley aún vigente.