"Su intención es llevar los cuestionamientos a un campo erróneo, pretendiendo que exista un conflicto entre la comunidad y los colegios profesionales", dicen, para agregar: "Explicamos que resultaba auspicioso el intento de acercar la Justicia al pueblo, pero que existían objeciones que no podían ser soslayadas".

"La más importante es la posibilidad de que los ciudadanos concurran a dicho proceso sin la asistencia de un abogado o procurador. Ello implica una gran restricción. Es preocupante en tanto transmite la idea de que los derechos se pueden defender sin abogados o procuradores".

Las entidades sostienen que lucen "totalmente falsas las declaraciones de Superti en el sentido de que al gobierno le interesa llevar la Justicia al pueblo, y a los abogados y procuradores conseguir trabajo para ellos, toda vez que desde un primer momento apoyamos la iniciativa, con las objeciones explicitadas precedentemente".