10/08/2012 10:27 PM | El Colegio de Abogados de Tucumán (CAT) volvió a levantar su voz crítica en contra de las modificaciones incorporadas desde el alperovismo al sistema de Mediación Prejudicial por lo que en la Legislatura tomaron nota del descontento y recibieron a las autoridades de la entidad con el objeto de analizar los puntos que ocasionan mayores rispideces al respecto.

En una reunión llevada a cabo por la Comisión de Legislación General, presidida por la justicialista Carolina Vargas Aignasse, el titular del CAT, Eudoro Aráoz expuso sus consideraciones en relación a uno de los aspectos en los que se hizo hincapié y que constituye la mayor desavenencia que existe en esta temática.

De este modo, el letrado objetó la disposición normativa donde se establece que los recursos públicos sólo cubrirán las retribuciones de las mediaciones cuando estas involucren a ciudadanos que actúen con asistencia letrada del Ministerio Público; beneficio para litigar sin gastos o patrocinio del consultorio jurídico gratuito del Colegio de Abogados de Tucumán o del Sur, y de la práctica tribunalicia de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán y de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. En todos los casos, el monto del pleito debe superar los 10.000 pesos, mientras que aquellos casos no incluidos en las excepciones mencionadas anteriormente, serán solventados por cada una de las partes.´

Estadísticas clave

"El problema esencial es el punto que establece que en los juicios de menos de 10.000 pesos ya no se hace cargo el Poder Judicial de pagar los honorarios de los mediadores, esto generó una serie de conflictos y creemos que va a dinamitar la instancia de la mediación, cada vez van a ser menos los casos remitidos a este proceso, por lo tanto va a repercutir negativamente en el funcionamiento de la judicatura", sostuvo Aráoz.

En esta línea, particularizó que se avanzaría en una vulneración hacia aquellos sectores sociales con menores ingresos, puesto que, de acuerdo al profesional del Derecho, estas personas no podrán ser parte del proceso de Mediación, al tener que costear los honorarios tanto de sus abogados, como de los mismos mediadores. Indicó, asimismo, que la problemática se suscita mayormente en los pleitos que recaen el fuero de Familia.

Por su parte, Vargas Aignasse estimó prudente, más allá de receptar las críticas de los abogados, otorgar un lapso más amplio de tiempo para poder avanzar en un estudio complejo de la situación a través de una comparación de casos entre la ley modificada y la actual (que comenzó a regir a partir del 22 de marzo de este año).

Teniendo en cuenta lo señalado, la parlamentaria adujo que "pretendemos que el justiciable, la persona que va a buscar la resolución de un conflicto, se pueda ir conforme, primero en el éxito de la mediación y luego en el pago de los honorarios. Por esta razón, estamos requiriendo las estadísticas necesarias porque es la única forma de ver si esta situación le es conveniente o no al ciudadano. Pero la gran pregunta radica en si el Estado, o sea el contribuyente, debe financiar el sistema de la mediación o lo deben hacer las partes".

Para reforzar su postura, la legisladora alperovista mencionó una serie de datos cuantitativos relacionados con las causas que fueron canalizadas por el sistema de Mediación. Mencionó que en los últimos años ingresaron al Poder Judicial cerca de 95 mil causas (30 mil de las cuales corresponde al fuero Penal), mientras que de ese total, 5.700 fueron destinadas a ser resueltas por mediadores, es decir un 9 por ciento de los pleitos.

Paralelamente, Vargas Aignasse planteó que de dichas causas, 2.829 pudieron concluir, es decir, un 4,4 por ciento de aquellas sometidas a mediación.

Importancia del sistema

"Hablamos que 1.204 de esas causas se cerraron con acuerdo, alrededor del 43 por ciento de las mismas. Si tomamos en cuenta solamente los casos que ingresan al Centro Judicial de Mediación, el porcentaje es bueno, pero debemos compararlo con la cantidad de causas que ingresan al Poder Judicial que son 95 mil por año. Y en ese análisis, el número que arroja la cantidad de acuerdos celebrados exitosamente alcanza el 1,25 por ciento, lo que es bastante pequeño para poder decir que la mediación significa hoy un ahorro al Poder Judicial en cuanto a la disminución al nivel de litigiosidad y de gasto", consideró la justicialista.

Esta visión no fue compartida por el titular del CAT, pues indicó que "se habla de todos los juicios entrados a Tribunales, pero hay muchos de ellos que no se someten al proceso de Mediación, por lo tanto esa estadística no es certera para evaluar cómo está funcionando el sistema, aún hoy es experimental, por eso la sanción de la nueva ley fue apresurada, no hubo tiempo para evaluar profundamente cuál era el funcionamiento del sistema de Mediación, y establecer dónde se necesitaba una modificación o un retoque", aseveró Aráoz.

Seguidamente, retomó las exaltaciones para con este sistema, que se vieron desvirtuadas, según el letrado, por el avance legislativo en la materia a partir de los cambio incorporados. En la defensa expuesta por Aráoz, indicó que "lo más importante en la mediación es que no hay ni vencedores ni vencidos si el problema se soluciona, las partes terminan con un acuerdo, se contribuye a la paz social y se eliminan situaciones de tensión y de violencia".

Precisó en esta línea que "sobre todo en las cuestiones vinculadas a Familia que son más importantes, hay que buscar mecanismos que descompriman situaciones de conflictividad que tiene la sociedad. Todos nosotros sabemos que la sociedad tiene un clima de violencia importante, por eso hemos tratado de hacer algo que no solamente sea en beneficio de los abogados y mediadores, o del funcionamiento del Poder Judicial, sino en beneficio esencialmente de la sociedad", remarcó el presidente el organismo que nuclea a los abogados de la provincia.

Voluntad política

Justamente, durante en el desarrollo de la reunión (en la que se encontraban presentes también los legisladores Marcelo Caponio, Manuel Fernández, Alfredo Quinteros, José León, José Páez y Marta Tejerizo, presidenta de la Comisión de Mediación del CAT) Aráoz recriminó a los referentes políticos que el Estado no estaba dispuesto a solventar las erogaciones en las que se incurre en esta instancia prejudicial.

"El gasto del mediador es una inversión en el sistema que necesita incorporar de la gente lo que significa el valor justicia. Este proceso puede permitir descomprimir tres años donde el Poder Judicial estuvo vaciado de jueces", destacó el presidente del CAT.

Ante la prensa, Vargas Aignasse trató de refutar estas afirmaciones, defendiendo el accionar del Gobierno en el tratamiento aplicado al proceso de Mediación. "La voluntad política está exteriorizada desde la sanción de la primera ley, la conformación dentro del Poder Judicial de un Centro de Mediación, el subsidio que hoy tiene la tasa de justicia y todas las modificaciones que se hicieron y que fueron reconocidas por el propio Colegio de Abogados como muy positivas para la ley. La voluntad política está, y coincidimos en que la mediación es un eficaz instrumento para la resolución alternativa de conflicto".

Finalmente, las partes consensuaron en retomar las reuniones una vez que la legisladora Vargas Aigansse de a luz a su hijo, con el objeto de propiciar puntos de acuerdo para sanear las diferencias que hoy persisten en el estudio de esta polémica ley que fue impulsada por el Ejecutivo provincial.