En medio del debate y la polémica sobre el funcionamiento de la Justicia, que concentró a oficialistas, opositores y magistrados, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal elaboró un proyecto de Reforma del Consejo de la Magistratura que será presentado este miércoles por su titular, Jorge Rizzo, al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, en donde se promueve una mayor participación de abogados y jueces en ese Cuerpo.
Con este fin, en la propuesta de los abogados porteños está el aumento del número integrantes, que pasaría de trece a diecisiete miembros. Con lo cual, la conformación se asemejaría a la anterior a la cuestionada reforma de 2006.
Así, los integrantes serían: un miembro de la Corte Suprema de Justicia, cuatro jueces del Poder Judicial de la Nación, cuatro abogados de matrícula federal, seis representantes del Poder Legislativo, uno del Poder Ejecutivo y el restante del ámbito académico - científico.
De esta forma, el proyecto del Colegio de Abogados de la Capital Federal mantiene la misma cantidad de representantes políticos -seis por el Poder Legislativo, más una persona designada por el Ejecutivo-. Pero, al aumentar el número de miembros totales, la participación del Congreso y la Presidencia en el Consejo se vería menguada en términos porcentuales.
Rizzo también aclaró que la posición del organismo que preside trata de aunar criterios de oficialismo y oposición. Respecto a las propuestas no kirchneristas, destaca que desde el Colegio no quieren que el presidente de la Corte sea a su vez el presidente del Consejo. Mientras que en las propuestas de la oposición esto se resuelve por ley, para nosotros ningún estamento está por encima de los demás. Son los mismos miembros los que deben elegir al presidente del Cuerpo. No hay que tenerle miedo a la democracia, señaló.
No obstante, el abogado fue más crítico con la propuesta del diputado del Frente para la Victoria Alejandro Rossi, cuya iniciativa levantó polvareda al solicitar que se investigue a los jueces y que pese sobre ellos evaluaciones periódicas.
Rossi está exagerando. Sus declaraciones fueron desafortunadas. No es necesario verificar a qué colegios van los hijos de los jueces. Éstos deben ser seleccionados con precisión, dijo. De todas formas, no ve con desagrado que los magistrados sean elegidos mediante la voluntad popular y que mantengan su cargo por diez años, como ocurre en Estados Unidos. Lo que pasa es que alabamos a Washington, pero somos cubanos para elegir jueces, replicó.
Respecto a las evaluaciones, Rizzo mostró su total desacuerdo. Para eso ya está la comisión de Acusaciones y Disciplina; no hay que apartarse de la Constitución, agregó.
Desde su óptica, una de las innovaciones más importantes de la iniciativa es que los representantes de Diputados y Senadores (al igual que hoy, dos por la mayoría y uno por la minoría en cada Cámara) no necesariamente deban ser legisladores, tal como ocurre en el Consejo de la Ciudad Buenos Aires.
Además, el proyecto prevé la reelección de los miembros por una vez en forma consecutiva, mientras que en el funcionamiento vigente la reelección sólo se permite con intervalo de un período.
Por otra parte, la iniciativa de los abogados impone, para todos los miembros del Consejo, los mismos requisitos que se exigen para ser juez de la Corte Suprema de la Nación. Es decir: no podrán registrar condenas penales por delitos dolosos y/o sanciones disciplinarias o administrativas dictadas por los estamentos a los que pertenezcan o hubieran pertenecido.
• Reforma
El Consejo, cuyas funciones más relevantes son la designación y enjuiciamiento de magistrados, ya tuvo una polémica reforma en 2006 , cuando se redujo el número original de veinte miembros a trece.
Para buena parte del arco opositor, la nueva composición acrecentó la injerencia oficialista en el Cuerpo, que pasó a estar representado por cinco de los trece integrantes: cuatro legisladores (los diputados Carlos Kunkel y Diana Conti; los senadores Nicolás Fernández y Marcelo Fuentes; y el representante del Ejecutivo, Héctor Masquelet).
También se recortaron representación en las áreas científico académicas y en la Corte Suprema. A su vez, los legisladores se redujeron de ocho miembros (cuatro por la mayoría, dos por la primera minoría y otros dos por la segunda minoría) a seis (cuatro por la mayoría y dos por la primera minoría).
En la actualidad, coexisten más de un proyecto. El del oficialismo, impulsado por Alejandro Rossi, mantiene el número de miembros y su composición, pero contempla que los abogados sean elegidos mediante el voto popular y la ampliación de la base de electores de jueces y académicos.
Por su parte, la oposición, ya dio el puntapié inicial antes del inicio de las sesiones ordinarias, cuando desde la comisión de Justicia, que preside el diputado radical Ricardo Gil Lavedra, llamaron a consultas -que aún se están realizando- para modificar la composición del Cuerpo y, así, limitar el poder del kirchenrismo en el funcionamiento del Consejo.






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