El Colegio de Abogados de Tucumán decidió declarar "la emergencia y crisis del ejercicio profesional de la abogacía en la provincia". El cuerpo tomó la decisión motivado por "la falta de cobertura de las vacantes judiciales" que según interpretaron "se traduce en un atraso sustancial del despacho y tramitación de las causas judiciales, y además impide la regulación de los honorarios profesionales de los abogados intervinientes". El Colegio decidió constituirse en "estado de alerta y sesión permanente" y denunciaron que se ha registrado "un importante número de solicitudes de cancelación y matrículas profesionales, como así también el cierre y fusión de estudios jurídicos, por no poder sostener sus gastos". Los abogados exhortaron a los poderes Legislativo y Ejecutivo que observe el orden de mérito que giró el Consejo Asesor de la Magistratura para cubrir las vacantes, al tiempo que exigen al CAM que agilice los llamados a concursos para cubrir las vacantes. Tampoco se salvo la Corte, ya que solicitaron que elabore una política judicial "acorde a las necesidades de los nuevos tiempos. La lentitud registrada en la tramitación de los procesos judiciales, desaliente el acceso jurisdiccional de los justiciables, afectando con ello el derecho a una justicia rápida”.