"Al parecer, el legislador (Carlos) Canevaro no nos considera ciudadanos. El mensaje que da a la comunidad es erróneo: la plata inmovilizada siempre tiene dueño y eso no varía. Lo que la ley otorga es el beneficio de que el producido del dinero mejore las rentas de la Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores, caja que no le cuesta nada al Estado, motivo por el cual no se entiende por qué, precisamente ahora, se quieren meter en ella". Con estos duros términos, Jorge Contrera, secretario del Colegio de Abogados de la capital, replicó a Canevaro.

Días atrás, el legislador (alperovichista acoplado mediante el partido Unión Norte Grande) había manifestado: "los fondos existentes en depósitos judiciales son dinero de los ciudadanos, de los particulares, de la gente: no son de los abogados". Estas palabras había utilizado para justificar los cambios que propone a la Ley 6.059.

El régimen vigente prevé que, una vez que hayan cumplido tres años sin movimiento, las cuentas intervenidas por la Justicia sean administradas por la Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores, que puede depositarlas en plazo fijo. La entidad se transforma así en usufractuaria de los fondos hasta que una sentencia defina el destino de los dineros. En cambio, Canevaro propicia que el Banco Tucumán maneje los depósitos durante cinco años, para que luego pasen a la Corte.

Como consecuencia, Contrera insistió con sus argumentos. "La iniciativa beneficia a un banco privado, para que trabaje con el dinero, y luego a la Corte, para que realice obras. En definitiva, no se persigue ningún fin social, como el pretendido por la ley originaria. Los abogados somos parte de la sociedad. No somos una casta diferenciada. Si él advierte la necesidad de mayores obras para el Poder Judicial que busque que se habiliten partidas con tal fin o que se eleve el presupuesto, pero que, a partir de esa necesidad, no nos quiten parten de los ingresos de nuestra caja", aseveró.

Asimismo, el dirigente esgrimió otra razón. "El proyecto es claramente contradictorio con el artículo 125 de la Constitución Nacional, que establece que las provincias pueden conservar los organismos de previsión social de profesionales, y este tipo de proyectos tiende a la desfinanciación y deterioro del patrimonio de dichos órganos", advirtió Contrera.