"Por publicaciones de los diarios La Nación, Clarín y LA GACETA, de Tucumán, ha tomado conocimiento de la posible comisión de ilícitos de acción pública por parte del juez federal en cuestión, lo que me legitima procesalmente para incoar la presente denuncia, en cumplimiento de mis obligaciones ciudadanas, según lo habilita el artículo 174 del Código Procesal Penal de la Nación", argumentó López. La denuncia obedece al controvertido anillo que Oyarbide usa en su mano izquierda. "Una sortija valuada en U$S 250.000 -o sea, aproximadamente $ 1.250.000-, que, según las explicaciones que este habría dado a conocidos y que trascendieron, adquirió con el producto del total de los regalos recibidos durante los últimos cinco años".

López conjetura que los obsequios mencionados podrían provenir de actos de cohecho. "¿Recibe o exige el magistrado un promedio de U$S 50.000 -o sea, $ 250.000- por año en concepto de regalos o como pago por acciones u omisiones en el ejercicio de sus funciones?", interrogó retóricamente, para luego recordar que Oyarbide fue fotografiado junto a Raúl Martins, que ha sido acusado por su propia hija de dedicarse al proxenetismo y la trata de personas, según surge de artículos publicados en la prensa de todo el país.

"O bien (estos regalos) son producto de la posible corrupción del sistema electrónico de selección de los juzgados por la que, de un modo doloso, las causas más sensibles para el poder político inexorablemente recaen en la jurisdicción del magistrado", razonó López, que solicitó al fiscal que requiera a Oyarbide una justificación del enriquecimiento patrimonial apreciable que significa la adquisición de la llamativa sortija. Además, pidió que se investigue si el polémico juez cumplió con la obligación de presentar las declaraciones juradas de conformidad con la Ley 25.188 y si estas mencionan los regalos recibidos con precisión de valuación y fuente.

Según López, Oyarbide violó los deberes que le incumben como funcionario público.

La denuncia -que incluye copias de las publicaciones aludidas- asegura que la situación reviste una inusitada gravedad institucional y, por ende, debe ser tratada como asunto de feria.

López, que hizo la presentación el viernes pasado, solicitó además la declaración de competencia de la Justicia Federal, y que la presentación sea girada al procurador general de la Nación y al juzgado federal de feria en la Capital Federal.