Tras un breve diálogo con el gobernador Celso Jaque, el secretario general de la Gobernación, Alejandro Cazabán, anunció anoche a Diario UNO la decisión de “expulsar” al director de Recursos Humanos, Infraestructura e Insumos del Ministerio de Salud, Sergio Vignaud, cuyo caso podría tensar las relaciones entre el Ejecutivo y la Fiscalía de Estado.

Vignaud exigió un pago supermillonario por tareas extraordinarias en el Poder Ejecutivo –como haber intervenido en negociaciones paritarias de Salud y otras 40 situaciones similares desde el 2008– y su demanda, expresada en un vasto expediente, recibió el dictamen favorable del fiscal de Estado, Joaquín de Rosas (ver aparte), pese a ser inconstitucional, según un informe de senadores de la oposición.

Aunque dijo que no tiene pruebas de lo actuado por De Rosas, Cazabán fue contundente y desligó al Gobierno del accionar de la fiscalía: “El reclamo de Vignaud es ilegal, ilegítimo y abusivo. Rechazamos absolutamente este tipo de pretensiones y no vamos a tolerar privilegios dentro del Estado. Tomaremos todas las medidas legales necesarias, a través de la Asesoría de Gobierno, tendientes a que el expediente no prospere”.

El caso salió a la luz a raíz de una investigación iniciada por los senadores Alejandra Naman (ARI), Guillermo Amstutz (Unidad Popular) y Juan Carlos Jaliff (cobista), la cual reveló que el expediente de Vignaud había avanzado rápidamente por las áreas ministeriales y de la misma manera fue resuelto por la Fiscalía de Estado. Los senadores denunciaron este accionar y su ilegalidad, ya que –según su visión– el millonario pedido se oponía a lo determinado en el artículo 39 de la Constitución nacional, que prohíbe la remuneración por “comisiones especiales” cuando se trata de funcionarios públicos.

Además, los legisladores establecieron que los últimos acuerdos paritarios desde el 2008, fecha desde la cual Vignaud está en Salud, significaron para el Estado, cuanto menos, una erogación de $260 millones. Si se calcula sobre la base de la ley de honorarios profesionales de los abogados, solamente el 5% , casi la mitad de lo previsto en la ley, el monto que se embolsaría Vignaud ascendería inicialmente, y sólo por ese concepto, a la suma de $13 millones. “Con la aprobación del reclamo, el fiscal De Rosas prestó conformidad a una acusación contra el Estado, que debería defender, la cual está dada porque en el expediente aprobado Vignaud denunciaba por ‘enriquecimiento ilícito’ al Gobierno, que no le pagó sus actuaciones especiales”, precisó la investigación legislativa.

Mañana, la Cámara de Senadores iniciará un pedido de informes tendiente a investigar la situación y el accionar oficial.

Tal como señaló Naman, el caso deja abierta la posibilidad de que otros funcionarios estatales exijan en el futuro la retribución por obligaciones que consideran fuera de sus tareas habituales.

“Si es necesario, vamos a presentar un proyecto de ley para evitar que funcionarios hagan este tipo de reclamos”, aseguró Cazabán.