Las limitaciones impuestas a la compra de dólares generaron el primer recurso de amparo en la Justicia, buscando que la reglamentación que impone controles sobre el mercado de adquisición de moneda estadounidense quede sin efecto.

El abogado de Quilmes Darío “Nunzio” Miguel es quien impulsa esta primera presentación judicial en el país contra los controles emanados desde la Administración federal de Ingresos Públicos y el Banco Central de la República Argentina.

Miguel lleva a la Justicia el caso de la jubilada Justa Ruperez, de 87 años, que no pudo comprar 1700 dólares en la sucursal Bernal del Banco Piano ya que, según reza la presentación judicial a la que accedió Realidad Web, en la entidad bancaria le dijeron a la mujer que “por la Resolución de la AFIP no se le podían vender dólares”. El texto presentado por Miguel agrega que los empleados del banco asumieron que “ni ellos sabían como funciona esto y que a algunos le venden y a otros no, sin tener una regla clara”.

“Nunzio”, que fue candidato a intendente de Quilmes en las últimas elecciones, desde el Frente Popular liderado por Eduardo Duhalde, pide que se declare “la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la Resolución de AFIP N° 3210/11 y Comunicación “A” 5239 del BCRA. – Consulta y validación de operaciones de compra de divisas”.

La presentación judicial pide que se aplique una medida cautelar de no innovar, para que se reestablezca el sistema de compra de dólares sin los últimos controles decididos desde el Gobierno Nacional.

“La normativa referida, el accionar de los empleados de AFIP y de la entidad bancaria, vulneran derechos constitucionales”, afirma Miguel en la presentación que realizó en representación de la jubilada Ruperez.

El abogado quilmeño argumenta que la AFIP no está capacitada para decidir si una persona está en condiciones o no de adquirir una determinada cantidad de dólares. “Con las nuevas disposiciones, el organismo debe analizar el nivel de solvencia del cliente y si este tiene algún tipo de deuda impositiva. Con el nivel actual de información que maneja la AFIP, no puede juzgar si un cliente tiene la `capacidad económica´ para adquirir el monto que demanda. La razón se encuentra en que los estados patrimoniales se entregan el 31 de diciembre de cada año, con lo cual los datos manejados por la entidad pertenecen a la situación de hace casi un año, y no tienen en cuenta los posibles ingresos que las personas pudieron haber obtenido durante el transcurso del 2011”, plantea Miguel.

El amparo fue presentado este miércoles y espera que se suspenda la aplicación de la nueva reglamentación hasta que resuelva el juez, en la causa número 2370, de la Secretaria 6 del Juzgado Federal Nº 1 de Quilmes.