Un hombre y su madre fueron procesados por el juez de Instrucción Formal de 3ª Nominación, Pablo Farah, en una causa en la cual se siguen tratando de ubicar 786 mil dólares que les habían sido confiados.
Monzo, que era trabajador del Ministerio de Trabajo de la Nación en Salta, había prometido que iba a guardar el dinero en un armario que quedaba bajo llave en la entidad pública. La entrega se hizo el 20 de diciembre pasado.
Llauro había viajado a Buenos Aires y al volver esperaba reencontrarse con el abogado para obtener el dinero que le había confiado. Pero eso nunca sucedió y, contrariamente y según el relato que se produce en el fallo de Farah, Monzo lo evadió más de una vez.
Esto comenzó a suceder el 8 de enero de este año. Días después, el 16 de ese mes, se produjo un incidente sobre avenida Arenales cuando Llauro logró encontrar a Monzo. En ese momento, y según declararon los testigos, Monzo pateó en el suelo a Llauro y se llevó una caja en la que se supuso, habría estado el dinero. Tras la golpiza que le valió a Llauro la hospitalización, Monzo escapó de la escena.
En la causa, no obstante, Monzo había indicado que el golpeado había sido él (acusando a Llauro de haberlo querido ahorcar), al momento que aseguró que fue en ese interín de la pelea que Llauro se había llevado la caja con el dinero.
El juez advirtió en el fallo que el abogado nunca presentó ninguna prueba que confirme lesión alguna. Monzo dijo en el proceso que no pensó en ello, en tanto le preocupaba la vida de él y de su madre.
A pesar de los "esfuerzos de la instrucción" el dinero no se encontró. Ante esta situación y la enorme suma de dinero que se busca, es que Farah decidió que además de ser procesado por estafa, entendió necesaria la prisión preventiva de Monzo pues el hecho que quede en libertad "obstaculizará la investigación".
Hasta tanto ello quede en firme, se decidió establecer una cautelar por la cual el abogado deberá concurrir todos los lunes por ante el Tribunal y actualizar su domicilio real.
La madre, en tanto, quedó procesada por habérsela encontrado responsable del delito de estafa en su carácter de partícipe primaria.
El embargo sobre los bienes, en tanto, es de 15 mil pesos.
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