Hizo un pedido de destitución ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación, “por la innumerable serie de delitos dolosos cometidos en el ejercicio de su función, como malversaciones de caudales públicos, coacciones agravadas reiteradas, cohechos agravados reiterados, abusos de autoridad, asimismo reiteradas violaciones de los deberes de funcionario público”.

También se agregan en el expediente: “la propuesta ilegal de designación de magistrada, encubrimiento y omisión de denuncia, como así también por incumplimiento de la Ley del Ministerio Público N° 24.946 y de la Ley de Ética Pública N° 25.188” y, “por mal desempeño debido a la causal grave de discriminación en relación a dos víctimas del Terrorismo de Estado, y, acoso laboral (mobbing) reiterado y discriminación en perjuicio de la Defensora Pública Oficial de Orán doctora. María Dolores Pistone, la Secretaria de la Defensoría, Dra. María Julieta Loutaif -hija del Ministro de Desarrollo Económico del Gobierno salteño C. P. N. Julio César Loutaif y demás personal de la Defensoría”.

La gravedad de la denuncia se basa en que la Jefa de los Defensores como parte del acoso cometido en reiteradas ocasiones en contra de la titular de la Defensoría de Orán, “negó de manera sistemática la asistencia pública a dos víctimas del terrorismo de Estado, Walter Osmar Maza y Hernán Zurita Arrieran”, personas que además se cita son de escasos recursos. Cuando estas personas denunciaron a la doctora Martínez el año pasado por su negativa de asistencia por parte de la Defensoría General de la Nación, ésta le envió el pasado 28 de septiembre del 2010 una comitiva para hacerlos desistir e intentó trasladarlos engañados a la Defensoría de Jujuy a cargo del defensor oficial Alberto Aragone”, afirma Mascietti en su pedido de destitución.

Represalia

El abogado oranense. además, señala que “como represalia ordenó el traslado de la doctora. Pistone de la Defensoría de Orán a la ciudad de Salta donde creó una Defensoría nueva.

La denuncia de Mascietti, agrega que la Defensora General desvíó fondos públicos porque el organismo a su cargo creó cargos sin concursos y con sueldos de más de $ 20.000 con viaticos y viajes al extranjero para los abogados que se prestaran a participar en los sumarios administrativos que armaba en contra de Pistone para perjudicarla en los concursos del Consejo de la Magistratura o de la Procuración de la Nación