No se cumplió ningún juicio contra ex funcionarios en Viedma. El único debate se concretó en Bariloche pero finalizó con la absolución de los imputados, ya que el fiscal no acusó por deficiencias en la investigación.

El año pasado se caracterizó por las nulidades. Aún así, en dos megacausas –Flavors y sobresueldos- se consolidaron los procesamientos, entre otros, de nueve exministros del gabinete de Miguel Saiz. Ambas investigaciones alcanzan a Cristina Uría, Alfredo Pega y Pablo Verani. En solo una causa están involucrados Diego Larreguy, Juan Accatino, Omar Contreras, Adriana Gutiérrez, César Barbeito y Francisco González.

En el segundo semestre del 2011, especialmente después del triunfo de Carlos Soria, diferentes expedientes derivaron en procesamientos por fraude contra la administración pública.

La mayoría de esas resoluciones fueron anuladas el año pasado por las cámaras de apelación.

Bariloche aportó la mayor frustración. Después de ocho años de tramitación, el juicio por compras cuestionadas de Altec concluyó con las absoluciones del expresidente Guillermo Campbell y del exgerente Haroldo Lezcano.

El fiscal Enrique Sánchez Gavier no imputó, aludiendo que no había pruebas y realizando críticas a la investigación original.

En Viedma dictaron nulidades para distintos procesamientos, planteando cuestiones formales. Esos trámites favorecieron al exministro Larreguy; a las exsecretarías Tamara Pérez Balda y Silvia Jáñez; el extitular del Ipross, Alcides Pinazo y, entre otros, al expresidente de la Agencia de Deportes, Carlos Guaita.

También el STJ aportó su nulidad. En el 2011, la Cámara condenó a una empleada de Salud por "peculado" en la sustracción de medicamentos oncológicos, con una pena de dos años y seis meses de prisión en suspenso. En junio pasado, el máximo tribunal recalificó el delito como "hurto", con una pena menor.

El escenario muestra causas paradigmáticas. La investigación por el pago indebido de acuerdos extrajudiciales –que estableció condenas para Sandra Bombardieri y Francisco Sánchez, ambos detenidos actualmente- sigue empantanada en relación a la responsabilidad del exfiscal de Estado, Alberto Carosio, con fueros hasta diciembre del 2011. Un año después, su situación todavía no fue resuelta.

Otra derivación de la misma causa en lo Civil también sorprende. La provincia demandó al estudio jurídico de Juan Zalesky para la restitución de fondos, pero cuatro años después la Cámara todavía sigue sin constituirse por recursos de la defensa y la pasividad de ese Poder.

Entre los viejos expedientes, la causa de los PER ya acumula nueve años y su discusión está concentrada en un pedido de nulidad.

Desde la política, esa investigación evidenció vaivenes por su alcance a lo actuado durante la gestión en Trabajo de Ana Piccinini.

La dirección del proceso se sujetó al lugar que tenía la hoy legisladora. Cuando su figura fue cercana al oficialismo radical, apareció alejada del problema. En cambio, la situación se complicó cuando emergió en un papel opositor, especialmente desde la Defensoría del Pueblo.

Otro requerimiento de nulidad procura favorecer a exmiembros del STJ, por el cobro de vacaciones. La acción cuestiona el proceder del exjuez Alberto Balladini y del vocal Víctor Sodero (que finaliza su gestión al iniciarse febrero) por autorizar el pago de vacaciones de Luis Lutz.