En un año en el que la sanción de la Ley provincial 10.060, llamada de Lucha Contra la Trata puso el tema en la agenda –con la orden de cierre de todos los prostíbulos, cabarés y casas de alterne, y la creación de una secretaría para la asistencia de las víctimas–, la realidad en los juzgados federales no parece ser tan contundente en materia de trata de personas como las cifras que la Provincia difundió semanas atrás en su balance semestral.

Durante 2012 hubo 34 causas iniciadas por el delito de trata de personas: 27 por presunta explotación sexual, cuatro por explotación laboral y otras tres no identificadas.

La ciudad de Córdoba concentra sólo 11 casos, según información de la Justicia Federal a la que pudo acceder Día a Día.

Si bien desde la Secretaría de Asistencia y Prevención de la Trata de Personas que preside Amelia Chiófalo se informó que desde junio a diciembre se iniciaron 118 causas judiciales a partir de los 98 procedimientos relacionados con la flamante ley, sólo 24 de ellas hacen referencia a la trata de personas. El resto abarca delitos conexos, de competencia provincial. En ese periodo, en la ciudad Capital se contabilizan apenas seis causas abiertas por trata, aseguró Chiófalo.

“Parte del problema es llamar ‘Ley de Trata’ a una ley que mezcla trata con proxenetismo, y que baja la categoría de la falta: un comisario puede juzgar una contravención, pero acaba teniendo que discriminar si se trata de un delito federal o de una infracción incluida en el Código de Faltas”, cuestionó el fiscal federal Enrique Senestrari. “Lo mismo pasa con las penas... la trata es un delito grave, complejo y federal”, sentenció.

“Cerrar indiscriminadamente prostíbulos es una señal, pero no tan efectiva para dar con los verdaderos responsables y las verdaderas víctimas, hay que hacer investigaciones previas”, reclamó Senestrari.

Al respecto, un informe publicado en 2009 por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Ministerio Público Nacional recomienda realizar tareas de inteligencia previas a un allanamiento en un prostíbulo para identificar a sus presuntos responsables y víctimas, y conocer sobre el funcionamiento del lugar, para no perder oportunidades valiosas en el operativo.

En tanto, el también fiscal federal Gustavo Vidal Lascano opinó que la ley provincial responde a un reclamo de la sociedad: “La sanción de la ley me parece muy positiva como hecho político, porque es empezar a admitir desde el Estado que el problema existe”, evaluó. “La sociedad reclama estas cosas, no quiere que esté abierto el prostíbulo ni quiere ver el quiosco que vende droga; habrá que ir monitoreando cómo se utiliza esta herramienta a futuro”, evaluó el funcionario.

Río Cuarto, el más activo. Amelia Chiófalo valoró el trabajo realizado en conjunto con el Juzgado Federal de Río Cuarto, el más activo de la provincia. De acuerdo con los datos brindados por la Justicia Federal, en esa jurisdicción –que abarca una importante superficie del sur provincial– se tramitan 20 de las 32 causas abiertas durante todo el año 2012. De las 38 investigaciones por trata que acusa ese juzgado desde 2008, cuando se sancionó la ley nacional que tipifica ese delito (según datos difundidos a la prensa local), 20 se iniciaron en 2012: más del 50 por ciento.

Convergencia. Entre los puntos que destaca la Secretaría figura el trabajo conjunto con la Justicia Federal. Al respecto, Senestrari reconoció que hubo algunas causas derivadas de la Provincia, y que el resto se inició por denuncias e investigaciones propias de cada fiscalía. “Yo creo que la experiencia ha sido buena, pero hay que pulir varias cosas”, afirmó Senestrari.

Vidal Lascano, en cambio, dijo haber tenido muy poca relación con la Secretaría provincial: “Hubo una denuncia que provino de ahí, pero cuando allanamos no encontramos que haya habido trata”, aseguró. “No abro juicio de valor sobre su desempeño porque no tuvimos relación”, despachó.

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Las víctimas

La Secretaría informó que en seis meses asistió a 316 “víctimas de trata, explotación sexual y laboral”, denominación cuando menos demasiado amplia ya que incluye distintos tipos de delitos que pertenecen incluso a diferentes fueros: la trata es de competencia federal; el proxenetismo, en cambio, le compete a la órbita provincial. Además está la contravención incluida por la ley 10.060 en el Código de Faltas para quienes violen la prohibición tener whiskerías, que prevé hasta 60 días de arresto.

“Hay que tener gran precaución respecto a las víctimas, ha habido casos en los que han detenido a mujeres y las han puesto como infractoras, pero hay que fijarse bien si son víctimas o victimarios”, alertó Senestrari, y advirtió que la normativa nacional sobre trata contempla especialmente a personas explotadas que se vuelven victimarias. “Me cuesta creer que una joven paraguaya figure como regenteadora de un prostíbulo”, dijo a modo de ejemplo. Su experiencia en la investigación de este crimen le permite advertir que Paraguay es uno los principales lugares de captación de mujeres con fines de explotación.