En oportunidad de presentarse el proyecto de presupuesto de gastos para 2011, el Gobierno provincial hizo conocer con mucha pompa, que en cumplimiento de la nueva ley de educación, que estableció en su artículo 109º un piso mínimo del 35 % del Presupuesto General anual para ser destinado al Sistema Educativo, no solo garantizaba ese piso, sino que para ese ejercicio lo asignado a la finalidad Educación rondaría el 41% del total a gastar por la Administración General.

Sin embargo, los números de la Cuenta de Inversión 2011 dicen que el gasto educativo, si bien superó en más de un punto porcentual lo fijado en la Ley de Educación, llegando al 36,2%, lejos estuvo de lograr el 41 % prometido.

Entre los factores que más incidieron en esta subejecución, podemos citar las adecuaciones presupuestarias que el Gobierno provincial debió realizar ante el no cumplimiento de la Nación de los envíos de fondos para financiar el déficit previsional, lo que obligó a destinar una importante masa de recursos del Tesoro provincial para cubrir este rojo. Puede incluirse también la reasignación presupuestaria que dispuso esa gestión para financiar la terminación y/o aceleración de muchas obras públicas con fines meramente electorales, aún cuando no correspondía costearlas.

Por su parte, las mayores consecuencias pueden verse incluso hasta ahora en las múltiples dificultades que tuvieron muchas escuelas a la hora de iniciar con normalidad el período de clases.

Los montos y porcentajes

Como se advirtió al discutirse el Presupuesto 2011, con el criterio de finalidad Educación se estaban computando muchos gastos que, si bien pueden vincularse secundariamente con la educación, no estaban o están relacionados directamente con el sistema educativo provincial propiamente dicho, a diferencia por ejemplo de aquel gasto que sí está a asignado a la jurisdicción respetiva, esto es con el Ministerio de Educación.

Así fue como se incluyeron también en este cómputo los presupuestos completos de otras jurisdicciones como la Secretaría de Cultura, la Agencia Córdoba Deportes y el Ministerio de Ciencia y Técnica, programas como el Paicor y todos los gastos referidos a la construcción, mantenimiento y reparación de edificios escolares, ya sea aquellos que se ejecutarían a través del Ministerio de Obras Públicas, vía Dirección de Arquitectura, o bien por municipios y comunas con el Fodemeep.

Pero además se incorporaron, a nuestro criterio equivocadamente, otros programas como los relacionados con los subsidios y becas que se ejecutaron en el área de capacitación y empleo del Ministerio de Industria, las erogaciones para previsiones presupuestarias y los gastos para el pago de servicios de deudas que financiaron en su momento obras en educación por un monto original de casi 132 millones de pesos, créditos tomados principalmente con el BID.

Bajo estos lineamientos, demasiados ambiciosos como hemos dicho, el presupuesto original votado en diciembre de 2011 contenía gastos vinculados al sistema educativo en el orden de los 7.661,4 millones de pesos, los que representaban el 41% del gasto total a ejecutar por la Administración General, esto es, el gasto correspondiente sólo a los tres poderes del Estado.

Sin embargo, el gasto comprometido para desarrollar políticas educativas bajo estas mismas jurisdicciones y programas, mostró, respecto de lo originalmente presupuestado, una marcada subejecución al finalizar 2011, monto que se ubicó en los 7.664 millones de pesos, un 36,2 % de los 21.161,3 millones del gasto total finalmente ejecutado a esa fecha.

En términos nominales, el Gobierno provincial debería haber destinado por lo menos unos 8.676,1 millones de pesos para cumplir con el 41 %, es decir unos 1.012,1 millones más de lo gastado al 31 de diciembre pasado.

Recordemos que en el marco de la elaboración, discusión y debate de la nueva Ley de Educación 9870, el Gobierno provincial garantizó, en su artículo 109º un piso mínimo del 35 % destinado a financiar el sistema educativo y el cumplimiento de los objetivos de dicha ley, en particular en lo relacionado con la inversión que significaría el incremento de recursos humanos, horas cátedra y por cierto con el aumento de la infraestructura edilicia. A esto se agregó la crisis con los estudiantes que derivó en la toma de varias instituciones por la demora, y en muchos casos por la falta de mantenimiento y reparación de varias escuelas de distintos niveles y en diferentes puntos del territorio provincial.

La respuesta oficial fue exponer un aumento inédito y exagerado del gasto en educación, por lo menos en lo presupuestado, que arrancó de manera casi inalcanzable con el 41%.

Llama entonces la atención, que en el primer año de vigencia de la ley, con un incremento considerable de la recaudación total y con la continuación y creación de fondos específicos (Fondo de Financiamiento Educativo y Fondo de Desarrollo Integral del Sistema Educativo, FoDiSE) para financiar la demanda educativa, esto no se haya visto reflejado en la ejecución concreta del gasto en educación, demostrando así un evidente incumplimiento.