El Ejecutivo nacional rechaza una nueva ley y coparticipa entre las provincias sólo el 15% de la recaudación.
Es importante destacar que la partida llegaría a partir de abril, siempre y cuando la nueva propuesta sea aprobada en el Congreso. La cantidad, en condiciones normales, inyectaría dinero fresco en economías afectadas por la sucesión de crisis, pero además equilibraría repartos, muchas veces manejados con fines políticos que, lejos de ser una ayuda, profundizan la inequidad distributiva.
En caso de que se apruebe la nueva distribución, el adicional llegaría recién en abril.
Sería positivo que las provincias pudieran utilizar esos fondos, que en conjunto representan $ 8.322 millones dispuestos hoy por la Nación, para controlar la mitad del déficit fiscal primario que tendría este año, pero también que les permitiría desarrollar un plan de obras destinadas a infraestructura vial, educación y salud, con la generación de puestos de trabajo y bienestar para la gente. Sin embargo, la presidenta Cristina Fernández anunció el lunes que si la Nación tiene que coparticipar la totalidad del impuesto, resignará partidas previstas con anterioridad para las distintas provincias.
Una especie de "toma y daca" que contablemente podría entenderse como un simple juego de compensación entre las partidas discrecionales (la mayoría de las veces otorgadas por un plan canje) y las automáticas, que se rigen por los coeficientes que persisten desde 1988 (prorrogados en 2001) y que fueron modificándose también de acuerdo al grado de influencia del poder de turno. Por ejemplo, el porcentaje inicial para Salta era de 3,9% y hoy recibe aproximadamente un 3,7%, mientras Chaco percibe actualmente el 4,8% de la masa neta. También son beneficiadas las provincias del sur: Tierra del Fuego, Santa Cruz y otras.

Comentá la nota