Termina el 2010 y a pesar de la holgura, o al menos tranquilidad que tuvieron las arcas provinciales, el Gobierno no aprovechó la coyuntura para avanzar y concluir obras públicas de naturaleza prioritaria ni tampoco cumplió con las promesas hechas con la intención de revertir la mala imagen y los obstáculos que se multiplican al desarrollo minero.

Pese a los anuncios y las promesas, no estuvieron en el orden de prioridades de la obra pública provincial aquellas que hubieran sido vitales para pasar un verano sin mayores sobresaltos en los servicios de luz y agua: el acueducto Pirquitas – Capital, cuya segunda etapa está recién por licitarse, la Estación Transformadora de Valle Viejo, que aún no se inaugura pese a que aseguran que está casi lista; y la controvertida línea San Martín – Catamarca, ahora paralizada hasta que La Rioja y la Nación acepten las condiciones de un eventual enganche energético en la vecina provincia.

Otro anuncio que ya lleva más de dos años sin concretarse es el de las mejoras de infraestructura y energéticas prometidas para el parque industrial El Pantanillo. Aunque se trataba de una obra con varias etapas de ejecución, no se avanzó ni un ápice. Las obras tampoco tienen imputación presupuestaria para 2011, pese a que la Provincia reclama a la Nación la prórroga de la promoción industrial.

La culminación del hospital de Villa Dolores también está pendiente en materia de infraestructura sanitaria. Está paralizada desde que las diferencias políticas con el intendente Gustavo Jalile se exacerbaron.

La reglamentación de la ley de promoción turística también quedó en promesa, pese a que, desde la gestión de Catalina Krapp, habían asegurado que estaría lista para septiembre. El cambio de autoridades dilató la cuestión y la norma, aprobada en 2008, sigue sin poder aplicarse. El presupuesto 2011 tampoco contempla los recursos para nutrir a un fondo de fomento que la norma crea.

La situación de EDECAT, intervenida por el Estado provincial, sigue sin resolverse desde octubre de 2008. Ni la Justicia llamó a la venta del 51% de las acciones, hoy en manos de la Provincia, ni desde el Ejecutivo se tomó la decisión política de estatizar o reprivatizar el servicio, asumiendo los costos que una u otra decisión conlleven. Desde entonces, EDECAT sigue en el limbo.

La creación del Instituto del Crédito, anunciado también hace dos años, todavía es un anhelo. Apenas días antes del cierre del año legislativo y tras varios amagues, el Ejecutivo lo remitió a la Legislatura, pero ni siquiera pidió su tratamiento en extraordinarias, con lo que la entidad que -se supone- vendrá a morigerar la usura en Catamarca, deberá esperar, por lo menos, hasta mayo próximo.

Postergación minera

El estallido antiminero del 15 de febrero en Andalgalá, que derivó en la suspensión del proyecto Agua Rica, obligó al Gobierno a salir del letargo en materia minera y, en los anuncios del 1º de mayo de este año, Brizuela prometió una batería de medidas para revertir una situación que al Gobierno se le escapó de las manos. Salvo el informe sanitario, encargado a FUNCEI para tratar de echar luz a los temores sobre los efectos que la minería tendría en la salud y la creación de delegaciones de la Secretaría de Minería en distintas localidades (que por otra parte se desconoce si están efectivamente abiertas), la Provincia no avanzó mucho más.

Culminado el período ordinario y extraordinario en la Legislatura, desde el Ejecutivo no enviaron el proyecto de ley de creación de fondos de fideicomisos que, nutridos con recursos de la minería, se destinarían a las comunidades de las áreas de influencia del proyecto minero para la diversificación de actividades y otro para el control minero-ambiental en las etapas del cierre de mina.

Tampoco se hizo pública la convocatoria, tal como se prometió, al Consejo Asesor Minero, creado hace años por ley provincial para debatir la salida al conflicto minero. La Secretaría de Minería tampoco presentó el mapa de zonificación minera provincial, una especie de ordenamiento territorial que tenía por objeto compatibilizar la actividad minera con otras actividades productivas y con la protección ambiental.

Otro anuncio minero que quedó en el tintero es el de creación de un Programa de Monitoreo Participativo que involucraría a la comunidad en los controles ambientales.

No se priorizaron obras vitales para pasar el verano sin tantas complicaciones.

PENDIENTES

AGUA. El acueducto lleva ya cuatro años de ejecución y aún no concluyó la 1º etapa. La 2º, recién está por licitarse.

MINERÍA. Los anuncios del 1º de mayo en materia minera quedaron truncos. No se avanzó en los fideicomisos.

PARQUE INDUSTRIAL. De hace más de dos años son las promesas de mejora en infraestructura y energía.

TURISMO. La ley de turismo, aprobada en 2008, sigue sin reglamentación. Y sin asignación presupuestaria.

INSTITUTO DEL CRÉDITO. Su creación es una vieja promesa. Acaban de remitir el proyecto a la Legislatura.