La Unidad de Control Previsional y la Anses mantienen expedientes sin resolución y cientos de exestatales perciben sumas mensuales como "anticipo". Prometen agilizar los trámites.
La conducción a cargo de Fabián Gatti se planteó como estrategia que ese organismo -con funciones de carácter transitorias- debe tramitar 1.250 expedientes. La intervención se extendió hasta diciembre próximo.
De éstos, 591 se encuentran en el ente previsional rionegrino. Sobre esa cifra, 218 trámites tienen estado de anticipo con el saldo pendiente del cómputo y liquidación definitiva. Otros 81 no cuentan con resolución definitiva al ser observados por la Anses, en tanto que se verificaron 32 con estado de anticipo incompleto, faltándole certificaciones.
La documentación hallada por la intervención se compone de 41 trámites que se encuentran en situación de reclamo por los retirados ante la presunta prescripción de dos años aplicada en la liquidación definitiva. Hay 168 beneficiarios que impugnaron la prescripción de 10 años dispuesta en la fijación de un sueldo jubilatorio definitivo. Se suman 51 retirados que están exigiendo hacer más prolija su situación al considerar que no cobran como corresponde.
La Anses adeuda 659 registros jubilatorios en estado de anticipo, sometidos a visados de ley, que posteriormente deben ser resueltos por la UCP. Los beneficios previsionales en trámite son considerados como "pasivo eventual" y objeto de una auditoría específica que realiza la Anses.
Estos detalles forman parte de un informe brindado por la intervención al gobernador Alberto Weretilneck, y al cual tuvo acceso "Río Negro". Se insistió en este caso en que resulta imperioso otorgar el carácter definitivo a la totalidad de los pasivos rionegrinos transferidos, y brindar así seguridad jurídica en razón de que una adecuada política de seguridad social es asimilable a la política de bienestar que lleva a cabo el actual gobierno.
La UCP fue creada luego de que la Provincia de Río Negro transfirió durante 1996 al Estado nacional su sistema de previsión social, con excepción del régimen previsional policial, que aún rige por la legislación provincial. Las obligaciones de pago están a cargo de la Anses quedando de esta manera derogada toda la legislación previsional provincial.
El objeto del convenio con la Nación consistió en la delegación de la Provincia en favor de la Nación sobre la facultad de legislar en materia previsional y el compromiso de abstenerse de dictar normativas de cualquier rango que admitan la organización de nuevos sistemas previsionales, generales o especiales, en el territorio provincial.
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