Ley de zonificación minera

Caleta Olivia (Agencia) En la última sesión ordinaria del periodo legislativo, se sancionó la Ley de Zonificación Minera que determina las áreas susceptibles de ser exploradas.
Gabriela Mestelán, diputada por Encuentro Ciudadano, acompañó la iniciativa argumentando que "es mejor tener este encuadre que no tener ninguno" pero realizó varias consideraciones sobre el tema.

Entre los puntos que Mestelán expuso, se destacó el beneficio económico "escaso e irrisorio que la actividad minera aporta a la Provincia" ya que, cabe recordar que en concepto de regalía minera el presupuesto 2009 contó con 13 millones de pesos, monto irrisorio "si recordamos el hundimiento del barco Polar Mist sabemos que alrededor de 9500 kg de carga (de metal doré) se valuaba en alrededor de 18 millones de dólares, si seguimos calculando que salen dos embarcaciones por mes…no amerita mayores comentarios" explicó.

Asimismo, la Legisladora también hizo hincapié en que "no es tan significativo el aumento de ocupación laboral, directa o indirecta, generada por la actividad minera, a la luz de lo que se promociona" ya que "esta actividad está sujeta a procedimientos complejos y tecnificados, que dejan afuera las expectativas de la población más necesitada de empleo o bien quedan relegados a tareas de menor importancia".

Sobre el Código Minero, Mestelán explicó que "pese a sus actualizaciones, protege y beneficia más a las compañías mineras que a los dueños del suelo; en este sentido y tomando iniciativas de la sociedad rural de San Julián hemos presentado modificaciones que al menos pongan en igualdad de derecho a los superficiarios" y continuó "sabemos y respetamos profundamente que para, muchas localidades, este tipo de emprendimientos aparezca como la salvación para sus habitantes, por esto es doble la responsabilidad de generar condiciones para una minería que no defraude las expectativas de bienestar sino que encuadre una sustentabilidad de la actividad capaz de evitar daños, alejar el fraude social y garantizar futuro de trabajo genuino, de cuidado del medio ambiente, de justicia en el reparto de la ganancia".

Por otra parte, Mestelán expuso puntos sobre los cuales consideraba hacían falta llevar adelante como más información y debate público, escuchando los aportes que hacen los grupos de vecinos autoconvocados, las asambleas ambientales, los foros; derogar de manera urgente las leyes de fomento minero vigentes desde 1993 y reformular la legislación minera, garantizando los estudios de impacto ambiental corriendo de su pago a las empresas y tomando el Estado su realización; garantizar el control permanente de las cuencas hídricas impidiendo el uso y derroche de agua dulce; incorporar la participación de ciudadanos en el control que el Estado debe realizar como así también, miembros de comunidades indígenas y organizaciones de la sociedad civil; Resguardar lo normado por la ley tehuelche de 1985; contar con un estricto control respecto a los indicadores de salud para detectar a tiempo posibles amenazas a la salud de quienes trabajan en las empresas y en las poblaciones cercanas y ser inflexibles en asegurar la protección del ambiente para cualquier actividad minera posible en todas las etapas del proceso extractivo, desde su prospección, exploración, extracción, almacenamiento y cierre de la mina, como también en los procesos posteriores del tratamiento del mineral y el destino de los residuos.

Por último, Mestelán enfatizó –en alusión a la Ley sancionada en la Legislatura- "Este encuadre es un punto de partida, falta todavía trabajar fuerte y firmemente para generar normativa que garanticen el cuidado de los recursos naturales no renovables y creen condiciones para una minería sustentable".

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