"Hay zonas con enorme corrupción que facilita negocios de drogas"

"Hay zonas con enorme corrupción que facilita negocios de drogas"
La titular del Comité Asesor de Narcotráfico del Ministerio del Interior, Mónica Cuñarro, se refirió así a uno de los obstáculos en esa lucha en zonas como Salta. Dijo que los gobernadores deben ordenar medidas para ajustar la política criminal.
A pesar de convalidar el pedido que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, elevó al Gobierno nacional para que instalen radares en el norte argentino como medida para combatir los vuelos narcos clandestinos, desde el Comité Asesor de Narcotráfico del Ministerio del Interior se advirtió que aún queda mucho por hacer para combatir el tráfico de drogas. Su titular Mónica Cuñarro reveló a Críticadigital que desde 2006 impulsa el reclamo y aseguró que "hay zonas de fronteras sensibles, donde contribuyen a ello desde las omisiones tecnológicas hasta una enorme corrupción que facilita negocios de doble vía".

¿Qué le parece el pedido de la Corte Suprema de Justicia para que el Gobierno instale los radares en Salta?

El Comité científico que coordino está de acuerdo con mejorar los controles en las fronteras por aire y por sobre todo por tierra, ya que no sólo ingresa cocaína por los cielos, sino por tierra. Además desde esa zona hacia Bolivia y de ahí a Perú se desvían toneladas de precursores químicos que son sustancias imprescindibles para fabricar cocaína.

En 2009, el comité elaboró un documento en el que dijimos que nuestro país es parte de la cadena de producción de drogas y que, pese a los esfuerzos realizados y al aumento de los decomisos, se mantienen fronteras permeables a todos los tráficos ilegales, tanto de ingreso de sustancia como de salida de precursores químicos para su fabricación. Hay zonas de fronteras sensibles, donde contribuye para ello desde las omisiones tecnológicas (por ejemplo la falta de radarización) hasta una enorme corrupción que facilita negocios de doble vía.

¿Qué se puede hacer frente a este flagelo?

Hay temas de naturaleza tecnológica, como los radares, pero también hay otros temas que tienen que ver con relevar y cruzar datos sobre bienes, personas y causas entre las fuerzas provinciales y federales. Esto no se hace y los jefes políticos de las fuerzas (si es provincial, es el gobernador ) deben darla a fin de ajustar la política criminal de la provincia al fallo Arriola de la Corte, que es el fallo que exhorta a todos los poderes públicos a mejorar la persecución criminal del narcotráfico.

Por otra parte, el procurador general debería adecuar la resolución de la época en la que se obligaba a los fiscales a perseguir a los consumidores al fallo Arriola. A su vez, entre fiscales y fuerzas deben coordinar acciones conjuntas.

El 2 de septiembre pasado le presentamos un cronograma de objetivos al jede Gabinete, Aníbal Fernández, con todos estos ejemplos. Por otra parte, también pedimos que se derogue la autoridad de aplicación de los convenios internacionales de cooperación. A saber con Bolivia o Perú, la autoridad es el Sedronar que no es ni fiscal ni juez ni justicia ni cancillería y por lo tanto ante un delito tan grave a nivel internacional no han servido porque no son operativos, ni los jueces los conocen.

En cuanto a los precursores, también hemos dicho como Comité que después de que salieron y entraron toneladas de precursores químicos debe suprimirse la autoridad de aplicación vigente por negligente y hay que dársela a la autoridad nacional del Anmat y del Iname; y que además cada provincia active los mecanismos de control en su territorio. No vaya a ser cosa que existan industrias que fabriquen algunos sulfatos que sean requeridos por los narcotraficantes de los laboratorios del norte de Bolivia o el sur del Perú y que las autoridades provinciales no hayan activado los controles sobre los privados.

¿Qué medidas piensan tomar?

Cuando estábamos a cargo de la Ufidro (Unidad de Apoyo Fiscal para la Investigación de Delitos Complejos en materia de Drogas y Crimen Organizado) con el Dr. Carlos Rivolo realizamos el primer mapa criminal de la Argentina que mostró que las provincias del NOA y, en especial Salta, eran zonas sensibles al narcotráfico. En el 2006 ya alertamos al procurador general de la necesidad de mejorar la perfomance de la etapa de investigación preliminar de los fiscales en zonas sensibles y específicamente pedimos que se den elementos técnicos que permitan cruzar datos de personas, bienes, precursores, ya que se notaba que la inteligencia en dicha provincia era errática, descoordinada entre la Policía provincial y la Federal y entre estos y los fiscales así como que los convenios firmados por el Sedronar y Cancillería con Bolivia no servían para nada porque ni eran usados ni se los conocía demostrando una total falta de operatividad.

Con el Comité presentamos detalles en otros documentos como los citados arriba y en el que se deja en claro que persiste el tránsito de enormes cantidades de sustancias a través de los puertos y aeropuertos nacionales, en especial cocaína, cuya magnitud recién se conoce cuando llegan a destino en el exterior o cuando se logra su intercepción. Su incautación es, en mucho casos, producto de actuaciones individuales y no de estrategias conjuntas entre las fuerzas policiales y federales, de actividades previas de inteligencia.

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