Zarandona aseguró que los afiliados no deben abonar un plus por encima del bono a los profesionales, ya que “no hay razón para que puedan cobrarlo”. Además expresó que se han aumentado los aranceles, y que los médicos firmaron un convenio en donde aceptan

"No tenemos por qué pagar todos los vecinos de Santa Rosa la irresponsabilidad de un director y un asesor legal del municipio" argumentó Humberto Valdivia, el médico denunciante.
Humberto Valdivia se presentó ayer en la Fiscalía Nº 5, a cargo de Alejandra Ongaro, y denunció a los abogados Eduardo Aguirre y Andrés Olié "por incumplimiento de obligaciones y deberes del funcionario público". El médico argumentó que "si el acto administrativo de dejar vencer el plazo para una apelación le costará 5 millones de pesos a Santa Rosa, estamos ante un claro y manifiesto delito de incumplimiento" y consideró que "los vecinos no tenemos por qué pagar la irresponsabilidad de quienes incumplen la función que les encomienda la ley".

Aguirre y Olié fueron director de Asuntos Jurídicos y asesor legal, respectivamente, durante la gestión de Néstor Alcala como intendente (2003-2007). La causa judicial en la que habrían omitido presentar la apelación corresponde a una demanda contra la empresa Telefónica Argentina, por uso del espacio aéreo, por cuya sentencia adversa el municipio deberá pagar unos cinco millones de pesos.

El actual intendente, Francisco Torroba, anunció hace unos días que, mientras espera la sentencia definitiva de la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca, intentará "analizar el tema con el gobernador, porque aparentemente cuando terminó su gestión municipal dejó los recursos para hacer frente al juicio, pero ese plazo fijo no existe". Opinó además que "habría una mala praxis en el ejercicio de la abogacía" y que por eso ordenó a los actuales letrados municipales "obrar en consecuencia una vez conocida la sentencia".

"Una acción ciudadana".

"Efectivamente, el municipio debe presentarse como querellante particular, pero si eso no ocurre me presentaré yo" advirtió Valdivia, para quien la denuncia "fue una acción ciudadana.

Nos quejamos porque todo el mundo se enriquece, porque a nadie le importa nada, porque no cumplen la función que determina la ley mientras la justicia sigue tranquila y las causas se vencen. Habrá que denunciar hasta la misma justicia, entonces" aventuró. "Es necesario que las cosas cambien y para eso debemos accionarlos propios ciudadanos. Radiqué la denuncia después de leer sobre este asunto en los diarios, porque ya estoy cansado de cruzarme de brazos ante la impunidad", afirmó.

Cuando el médico se presentó ante Ongaro, la fiscal le aclaró que el municipio estaría analizando emprender una acción judicial, "pero le manifesté que pretendía hacer mi denuncia como ciudadano, para que la justicia investigue la conducta" de los funcionarios involucrados. "No podemos permitir que un señor a quien le pagamos un sueldo y hemos sostenido durante tanto tiempo con dineros públicos, tenga la desconsideración de omitir un acto administrativo que nos costará 5 millones de pesos, cuando evidentemente existían muchos argumentos legales para ganar la demanda", lamentó.

El caso.

El juicio contra Telefónica se remonta a 1999, cuando Jorge era intendente. Como otros municipios del país, Santa Rosa demandó a la empresa para exigir el pago de un canon por espacio aéreo y reclamó 1,5 millones de pesos. La comuna ganó en los tribunales pampeanos y Telefónica pagó, pero reclamó ante la justicia federal la inconstitucionalidad del fallo. Una resolución de la Corte Suprema para el mismo caso, aunque sobre General Pico, dispuso que las comunas devolvieran el dinero, pero una oportuna ley impulsada por Carlos Verna, entonces senador, eximió a los municipios de la devolución. Sin embargo, Telefónica consiguió la inconstitucionalidad de esa ley en la justicia federal.

Fue entonces que ambos municipios apelaron ante la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca, pero los abogados de Santa Rosa "olvidaron" fundamentar en tiempo y forma la apelación, por lo que el fallo resultaría adverso. Luego de eso, a la comuna sólo le quedaría acudir en queja ante la Corte Suprema, aunque sin muchas esperanzas de obtener un resultado favorable.

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