Zapala: allanaron el Municipio

Ante la sorpresa de funcionarios y empleados, la Justicia allanó ayer el Municipio local y secuestró dos computadoras de la Secretaría de Hacienda, específicamente del área de sueldos. La medida fue ordenada por el Juzgado de Instrucción de esta localidad.
La Fiscalía investiga si los recursos nacionales correspondientes a los fondos sojeros fueron destinados para el pago de sueldos, tal como fue denunciado por concejales del Frente Grande.

La Justicia secuestró dos computadoras que estaban instaladas en la Secretaría de Hacienda, a cargo del contador Gregorio Ranz, las que podrían brindar información con respecto al ingreso y egreso de los Fondos Nacionales.

Al parecer, la desconexión de los equipos secuestrados produjo la caída del sistema y tuvo sin servicio a los empleados, tras fracasar las gestiones del Secretario de Gobierno Daniel Pollo para aplazar la medida.

Altas fuentes policiales informaron ayer que el operativo fue llevado adelante por seis efectivos de la Comisaría 22, tras una orden librada por el Juez Oscar Domínguez en el marco de una causa que investiga el Fiscal Marcelo Jofré.

Equipos

En ese sentido, estaba previsto que ayer por la tarde se trasladen los equipos a la Fiscalía para un rápido accionar, debido a la importancia que representan para el Municipio. Al respecto, el Jefe Comunal Edgardo Sapag minimizó la situación y pidió que se investigue si el pago de sueldos a los empleados municipales se «estaban realizando con fondos sojeros». La denuncia fue realizada por la concejal Olga Sotelo, del Frente Grande.

El concejal Oreste González amplió diciendo que en la ejecución presupuestaria al 30 de junio figura el ingreso de una cuota por fondos sojeros que alcanza un valor de 274 mil pesos aproximadamente y que el Ejecutivo aún no ha definido su destino.

El decreto presidencial de necesidad y urgencia Nº 206/2009 por el cual se crea el Fondo Solidario Federal establece en su artículo primero que el fondo se crea «con la finalidad de financiar en Provincias y Municipios, obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales, con expresa prohibición de utilizar las sumas que lo compongan para el financiamiento de gastos corrientes». Y en su artículo quinto establece que: «El Poder Ejecutivo Nacional, cada una de las Provincias adheridas y los Municipios beneficiarios, deberán establecer mecanismos de control que aseguren la transparencia en la utilización de las remesas y su destino a alguna de las finalidades de mejora de infraestructura de las establecidas en el artículo 1º del presente, vigilando el cumplimiento de la prohibición de utilización en gastos corrientes establecidos en el citado artículo».

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