Yerba: para Corrientes, “con la ley impuesta, es difícil dialogar”

El gobernador Arturo Colombi respondió así a su par misionero, Maurice Closs, que apeló al diálogo, ante el conflicto por la ley de Envasado en Origen. Desde la Fiscalía de Estado se presentó un recurso de amparo.
El gobernador de Corrientes, Arturo Colombi, respondió ayer a su par misionero, Maurice Closs, que, tras promulgar hace un par de semanas la Ley de Envasado en Origen que conflictuó las relaciones interprovinciales, ahora salió a pedir diálogo con los correntinos.

“Es muy difícil hablar con una norma impuesta sin algún tipo de consulta por parte de Misiones a Corrientes”, dijo Colombi. Así respondió de algún modo a su par de la vecina provincia que apeló “al diálogo con los hermanos correntinos”, con quienes “podemos encontrar puntos de acuerdo”, consideró incluso.

“Es difícil un diálogo porque la ley está a punto de entrar en vigencia”, señaló.

Cabe recordar que la Ley 4459 de Estampillado, Bancarización y Envasado en Origen de la Yerba Mate prohíbe la salida de Misiones, de hoja verde y “canchada” producida en la provincia por lo que, de aplicarse, afectaría a los productores yerbateros correntinos que compran el cincuenta por ciento de la materia prima hecha en territorio misionero.

Esta especie de aduana interna motivó la reacción de los trabajadores del sector que temen se pierdan unos 1.200 puestos de trabajo al no poder conseguir la materia prima necesaria para el normal funcionamiento de los molinos yerbateros.

Con productores, funcionarios y vecinos de localidades como por ejemplo Virasoro y Santo Tomé en las rutas, el Gobierno provincial tomaron cartas en el asunto. Las protestas motivaron incluso la “reflexión” de legisladores misioneros que empezaron a hablar de regionalizar la normativa incluyendo a Corrientes.

“Siempre fuimos de la idea de que para incentivar la industria del sector y para mejorarla debíamos trabajar en forma conjunta. Aunar nuestros esfuerzos para establecer una producción con leyes regionales”, dijo ayer Colombi en ese sentido.

Pero consciente de que la ley “puede lesionar a nuestra producción y puede llegar hasta poner en peligro a las fuentes laborales de este sector”, el Ejecutivo dispuso apelar a la Justicia en busca de protección.

“El Gobierno de Corrientes hará todo lo posible para proteger a nuestras industrias y a los productores”, dijo en la mañana de ayer, mientras el fiscal de Estado de la provincia, Fernando Carbajal, presentaba un recurso de amparo ante el juzgado federal de Paso de los Libres, donde la semana pasada se hizo lugar a un pedido de no innovar a favor de 2 establecimientos yerbateros correntinos. La presentación busca que “se declare la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la ley misionera y hace anclaje en el artículo 43 de la Constitución nacional para solicitar que “se abstenga de aplicar los términos y mandatos de la norma, hasta tanto recaiga sentencia definitiva en estas actuaciones”.

“Ante la eventualidad de un fallo o resolución parcial o totalmente adverso a mi representada, que implique gravamen irreparable a derechos y garantías amparados en normas de rango constitucional, formulo expresa reserva de acudir ante el máximo Tribunal de Justicia de la Nación en procura de justicia (à) ante la configuración de absurdo legal y/o arbitrariedad manifiesta”, advierte incluso el comunicado.

Recurso judicial ante una ley “inconstitucional”

El fiscal de Estado, Fernando Carbajal, presentó ayer un recurso de amparo que apunta a obtener una “decisión fundada que brinde tutela judicial efectiva contra las consecuencias directas e indirectas gravísimas, que implica la aplicación de una norma que resulta a todas luces inconstitucional, arbitraria, abusiva y en suma, contraria a todo el orden jurídico vigente”.

Según explicó el funcionario, esta actuación “surge de la afectación en grado de gravedad institucional, por menoscabo de derechos e intereses amparados en normas de rango constitucional que se ven socavadas ante la sanción, promulgación y vigencia de una norma que pretende mostrarse como protectora de intereses productivos de la vecina provincia, pero que terminará promoviendo el monopolio del acopio y concentración de la comercialización de la yerba mate misionera”.

En esta línea, se remarcan los perjuicios que esta norma provocará entre los pequeños productores del sector, “que se verán sometidos a negociar en forma desigual y forzada la venta de su producción, negándoseles la posibilidad de ingresar una negociación en igualdad de condiciones que la libertad de mercado les brinda”. En este contexto, “surge en forma actual e inminente graves perjuicios a los intereses de Corrientes”, al entender que “sufrirá pérdidas millonarias en los ingresos industriales como consecuencia de la falta de materia prima para la elaboración, envasado, comercialización interna y externa de productos derivados de la yerba mate en las innumerables empresas industrializadoras y distribuidoras del mismo en esta provincia”.

“La creación de aduanas interiores, el cercenamiento de la libre circulación de los bienes afecta las bases mismas de la organización federal, constituyendo una causa per se grave de gravedad institucional en tanto afecta la relación de los Estados Federados entre sí y en relación al Gobierno federal”, señala.

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