Yerba: fallo federal recorta las atribuciones del INYM

El juez José Luis Casals determinó que el organismo no tiene facultades para avanzar en sanciones o clausuras y le ordenó devolver el dinero de la multa a productores de Santo Pipó. Sienta precedente.
La Justicia Federal con asiento en Misiones puso en jaque a la administración del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) con un fallo que declara ilegal los procedimientos realizados por el organismo.

A raíz de una apelación de productores de Santo Pipó que fueron sancionados con la clausura de un secadero y la multa equivalente a 1.500 kilos de yerba canchada por supuestas irregularidades, el juez federal José Luis Casals determinó que el INYM no tiene facultades para avanzar en sanciones o clausuras. Además, ordenó al organismo devolver el dinero de la multa y pagar todas las costas del juicio.

"Este fallo resta autoridad, atribuciones y recursos al INYM; es un golpe muy duro, un revés judicial que revela el poco respaldo jurídico que tiene hoy el Instituto", señaló en declaraciones a la prensa Esteban Fridlmeier, representante de Corrientes en el organismo.

La resolución judicial, que se firmó el lunes, abre el grifo para innumerables quejas similares de productores de toda la cuenca yerbatera, que fueron multados o sancionados en los últimos años.

La Justicia Federal consideró que las facultades del INYM no lo autorizan, sino en forma coordinada y convenida con otros organismos estatales en su área de competencia, a ir más allá del contralor preventivo en materia alimentaria, de calidad, tributaria, etc, que pudieran estar relacionadas con el precio oficial de la materia prima y la comercialización de la yerba mate elaborada.

En el caso en cuestión, el Instituto reglamentó conductas como infracción cuando solamente estaba legalmente autorizado a elaborar reglas de "buenas prácticas" cuya inobservancia únicamente puede incidir como un elemento determinante de la infracción, pero no una infracción en si misma. Asegura que el Instituto sólo está habilitado a recabar mediante la actividad de inspección y fiscalización externa los elementos de prueba informativa que unidos al análisis respectivo, recién dispararán la instrucción del proceso sumarial.

Es decir que para establecer una infracción tributaria, debería haber realizado convenios con la Administración Federal de Ingresos Públicos o la Dirección General de Rentas o en el caso de irregularidades sanitarias, con Salud Pública o el SENASA.

"La fiscalización sufrirá con este fallo", vaticinó Fridlmeier y deslizó ciertas críticas hacia algunos sectores políticos: "esto va para aquellos funcionarios que dicen que el INYM no actúa; qué va a actuar si no tiene garantías, es un organismo seriamente limitado". Ante esta situación, la única solución, según el referente correntino, es "revisar completamente la Ley de Yerba". "Hay que modificarla; este no es un tema nuevo, sólo que ahora está amenazada la estabilidad financiera del instituto", puntualizó.

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