Luego de la discusión generada entre intendentes y Gobierno provincial por el financiamiento para el proyecto de gestión integral de residuos sólidos urbanos en la comarca VIRCh – Valdés, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Norberto Yauhar, avaló la posición del intendente de Puerto Madryn, Ricardo Sastre. En tal sentido, cuestionó que los concejales del Frente para la Victoria no hayan aprobado el aumento tarifario para que esa ciudad pueda llevar adelante la iniciativa. Este aval de Yauhar incluyó al resto de los jefes comunales.

“Hay una cuestión razonable y le doy la derecha al intendente –dijo Yauhar-, dado que si no tiene aprobado una tarifaria que le permita tener esos 500 mil pesos por mes para pagar el GIRSU, no tiene ningún tipo de justificativo trabajar a déficit”.

Para el ministro K, “sería una falta de respeto a los intendentes que tendrán que aportar el dinero público del resto de los vecinos para el funcionamiento de la iniciativa”. Yauhar aclaró que no discutirá el resto de las ordenanzas tributarias para no meterse en problemas municipales. “Pero sí digo que si la Municipalidad se compromete a pagar 6 millones de pesos al año por el servicio, debe tener la forma para recaudar esa plata por lo que hay que aprobarle ese aspecto”.

Solidarios

“Actuaron en forma solidaria los intendentes porque ese porcentaje que tiene Madryn, sino lo autofinancia lo deberán pagar el resto de los municipios; los chicos tendrán que recalcular sus ingresos y poner más plata de sus propias cajas”. El ministro dijo que el GIRSU es “muy bueno” y debe funcionar, “pero también hay que contemplar el costo si un municipio se sale del esquema armado inicialmente”.

Por otro lado, en cuanto al desdoblamiento del Marco Regulatorio, Yauhar consideró que “no había un plafón para discutir el tema minero. Debe discutirse con más tiempo y se tiene que dar un mayor consenso social: es razonable que intentemos solucionar primero el aspecto hidrocarburífero”.

“La zona sur debe solucionar temas importantes que deben salir del petróleo”, consideró. “Para adelante hay que tener la sensatez de lo que vamos a discutir. Vamos a estar de acuerdo con que hay que tener la prudencia necesaria para respetar los contratos firmados”. Yauhar recordó que “hace cuatro años atrás firmamos contratos con la aprobación de 23 diputados y no podemos cambiar todos los años las reglas del juego de la actividad petrolera que pide créditos y se endeuda a 10, 15 o 20 años. Si no ¿para qué firmamos los contratos a diez años?, firmemos anualmente si todos los años con una ley de este tipo estamos cambiando las reglas”, ironizó.

Defensor

Aunque no está en contra del marco, advirtió que “todos debemos estar de acuerdo si será para todos los contratos o los nuevos a renegociar a partir de que se promulgue, porque las condiciones cambian”. Y aunque “no voy a actuar a favor de Pan American, sí lo haré en defensa de algo que firmó el Estado. Cuando en 2007 se firma ese contrato con PAE se le fijaron condiciones como el pago de los 12 puntos de regalías; pagó la empresa 120 millones de dólares que después la distribución corrió en manos de la provincia. No se le puede adjudicar a la firma cómo se repartió el dinero”.

En cuanto al adicional que viene pagando, “se había previsto en un 3 por ciento que terminaba siendo 2,54 si exportaba todo o 1,54 dependiendo del nivel de exportación, controlado por el gobierno provincial. El resto de las empresas no pagaron ese 2.54 siendo que hay una firma que paga hace 5 años un adicional. No se puede poner a todos bajo un mismo pie de igualdad”.

Cabe recordar que en su rol de jefe de Gabinete de la gestión Das Neves, Yauhar fue uno de los principales referentes de la renegociación con PAE en nuestra provincia.

"Inseguridad jurídica"

Yauhar argumentó que “sin actuar en defensa puntual de ninguna empresa, cuando legislamos tenemos que tener en cuenta estos contratos. Si tenemos que hacer una modificación, cuando venga la próxima renovación del contrato se tendrá que especificar que se deben cambiar las nuevas reglas de juego”.

En este sentido, “hacer esto ahora es agregarle un marco más de inseguridad jurídica a una relación contractual, sobre todo en el tema petrolero, que se discute a 10 o 15 años dado que el proceso de inversión y amortización de un pozo petrolero no se hace en dos días”.

Según el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el valor que perciben las empresas “no es el mismo ya que hoy el WTI está en 80 dólares pero la empresa que exporta cobra 42 dólares, que es lo que fija el mercado nacional, entonces estamos haciendo una legislación sobre el WTI cuando en Argentina no existe porque no se toma como parámetro”.

Para el punto de vista que planteó Yauhar, “tenemos que dejar en la nueva ley marco un punto específico que permita interpretar al Poder Ejecutivo o Legislativo que deberá analizar, en el caso de la aplicación del WTI como norma petrolera, si realmente el WTI se está aplicando en Argentina o está funcionando con normas de la Secretaría del Interior”.