Worman: "Se pierde lo más importante, la participación de la comunidad"

El director ejecutivo de la ONG Participación Ciudadana, Guillermo Worman, sostuvo que el Gobierno interpreta restrictiva y malintencionadamente la aplicación del decreto 723/09. Consideró que el haber quitado la posibilidad de una audiencia pública, como el propio Ejecutivo había venido difundiendo, perjudica a la comunidad.
El diario del Fin del Mundo: El Gobierno descartó la posibilidad de realizar una audiencia pública como había sostenido con anterioridad y ahora se remite solamente al articulado del decreto 723, publicando solamente el curriculum del doctor Javier Muchnik, sosteniendo que no se pierde el espíritu de la transparencia pública y de la participación ciudadana que se busca, en la designación de los miembros de la justicia, en este caso de Muchnik, como tercer miembro del Superior Tribunal. ¿Cuál es la opinión de Participación Ciudadana?

Guillermo Worman: En primer lugar, el funcionario, que no queda claro si fue el ministro de Gobierno Guillermo Aramburu que habla a través de su vocero, que es el Secretario de Comunicación Ricardo González Dorfman, fue quien interpreta negativamente el texto del articulado. El articulado dice una consulta pública, y el gobierno con una interpretación restrictiva y contradictoria con sus propias comunicaciones, reduce el proceso a una precaria publicación de antecedentes, que ya lo había hecho el Consejo de la Magistratura y el diario del Fin del Mundo en dos oportunidades. Por lo tanto la publicación no aporta nada y después en la visión de reducción muy precaria, plantea presentaciones ante el Ministerio de Gobierno de observaciones en cuanto a la candidatura. La realidad que publicar información que había sido publicada y presentar observaciones que el Consejo de la Magistratura ya había recibido, transforma al decreto ante de un decreto de participación y transparencia, en un decreto redundante. Es menos incluso, que el tan cuestionado decreto del Consejo de la Magistratura, por lo que es inentendible lo que está haciendo el Poder Ejecutivo.

EDFM: ¿Qué se pierde ante estas circunstancias?

G.W.: Lo que se pierde es lo más importante, que es la participación de la comunidad. No podemos tomar que la participación de la comunidad sea presentar opiniones por escrito, porque no genera debate, ni rendición de cuentas. No genera que el candidato, a diferencia de lo que sucedió a nivel nacional, donde tienen dos audiencias, una en el Senado y otra en el Ministerio de Justicia, cumpla con ese proceso al cual se remitió el gobierno cuando abrió este proceso. Porque el decreto 222 del 2003 tuvo ese valor, que los candidatos en lugar de ingresar directamente, se expusieron. (N.R: en 2003 el Gobierno Nacional dictó ese decreto para fundar la designación de los doctores Carmen Argibay Molina, Eugenio Zafaroni y Elena Highton de Nolasco, como nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia). Eugenio Zafaroni habló de una suerte de escarnio público que hay que pasar una sola vez en la vida, y que eso le daba el valor, porque tenía que responder públicamente, inquietudes que tenían que presentaban los distintos actores. Es un proceso duro, pero necesario. Y el gobierno, al interpretar restrictivamente y me animo a decir malintencionadamente, interpreta en un sentido que perjudica a la comunidad. Porque si uno dice: la consulta pública es que solamente se presente por escrito argumentos, esto perjudica a la gente. La obliga a escribir, a redactar, a presentar en mesa de entrada y esta es una primera complicación. La segunda, es que hay que presentársela a la persona que ha sido cuestionada por todas las partes, por la falta de excusación en este procedimiento. Porque quien va a resolver las observaciones es justamente la persona cuestionada, quien en lugar de apartarse del procedimiento, porque tiene interés creado con el candidato, hay que presentársela justamente a él.

EDFM: ¿La referencia es hacia el ministro de Gobierno, Guillermo Aramburu?

G.W.: Ése es el ministro Aramburu, es clarísimo. Porque quien debe resolver las observaciones es ese Ministro. Entonces, los Colegios de Abogados, incluso los abogados Francisco de la Torre y Federico Rauch, cuestionaron que el doctor Aramburu en su carácter de Ministro del Ejecutivo, interviniera por su sociedad con la hermana del candidato y a un conocimiento personal que es inevitable con el candidato. Por lo tanto, si al Consejo de la Magistratura se lo cuestionó por la falta de participación, esto es mucho más grave, porque el Consejo de la Magistratura resolvió con público presente, y en este caso del Ministro va a resolver en soledad.

EDFM: ¿Cuál es la pérdida concreta que detecta por este cambio de actitud?

G.W.: Que suprimen la audiencia pública, que es mucho más valioso que la publicación y la presentación de observaciones. Que se suprime lo único valioso que tenía este decreto. El Gobierno está retrocediendo sobre sus mismos pasos, y queda claro que dentro de Gobierno hay dos posiciones, una más democrática, más transparente y más dispuesta a la participación, donde antes ubicabas a Gabriel Ramonet (ex secretario de Comunicación Institucional), y un sector de Gobierno que es mucho más restrictivo y que opera de manera contraria a involucrar a la sociedad de Tierra del Fuego con la decisión de los grandes temas, o por lo menos en el debate de los grandes temas.

EDFM: Visto así en esto de navegar a dos aguas, ¿también participa la Gobernadora?

G.W: No, la Gobernadora no navega a dos aguas, la Gobernadora toma decisiones muy concretas y su decisión es dejar hacer a este sector.

EDFM: A este sector al cual pertenece el ministro Aramburu.

G.W.: Al menos que integra el ministro Aramburu. Que hace que nos estemos perdiendo la oportunidad de estar participando un procedimiento que está instaurado en otros lugares del País y que ha dado muy buenos resultados a nivel nacional. Y seguramente esos antecedentes motivaron que dictaran este decreto. Lo que debe explicar Aramburu, es porqué interpreta el decreto en contra de los intereses de la comunidad. Porque lo valioso y lo que todos salieron a destacar, tanto los colegios de abogados, nosotros, organizaciones nacionales y juristas como el doctor Sabsay, era sobre todo la audiencia pública.

EDFM: También es cierto que el decreto no habla de la realización de una audiencia pública taxativamente.

G.W.: La gran mayoría de las leyes o de las ordenanzas no son absolutamente taxativas, se interpretan. Lo complicado es que el Gobierno que siempre dijo como se debía interpretar, ahora lo haga en contra de los intereses de la gente. Hay información oficial que daba cuenta de ello y de cómo se iba a hacer. Ahora interpreta en contra de la comunidad y se pierde la oportunidad de que un candidato a ser Juez del tribunal más importante de la provincia, que dicta jurisprudencia, a que particularmente la prensa y los sectores interesados, no puedan tener contacto previo. Con afirmaciones que podríamos llamar polémicas, en el procedimiento de selección.

EDFM: Si hicieras una comparación entre la metodología aplicada por el Consejo de la Magistratura y la mecánica que está utilizando el Poder Ejecutivo a través del decreto 723, ¿cuál es la diferencia?

G.W.: Que el Consejo de la Magistratura no nos engaña y que el Gobierno con este decreto nos está engañando. El Consejo de la Magistratura nunca dijo que ellos implementan un procedimiento transparente, que tenían evaluaciones objetivas. Siempre dijeron que usaron su criterio personal y que era el mejor, pero nunca vendieron entre comillas, una cosa que ellos no hacían. El Gobierno sí, lo usó como elemento de campaña para seducir a los votantes y lo comunicó de esta manera. Entonces, la interpretación de la gestión de Fabiana Ríos en este decreto constituye un hecho mucho más grave que las falencias que posee el Consejo de la Magistratura.

EDFM: ¿Participación Ciudadana tiene pensado hacer alguna acción frente a esta situación?

G.W.: Los primeros días de la semana próxima vamos a pedir junto a otras organizaciones, que se interprete a favor del pueblo de Tierra del Fuego, esto es que se haga la audiencia pública. Nosotros no renunciamos a que tanto el Poder Ejecutivo, como el candidato le cuenten a la comunidad que le digan qué piensan hacer. Y sobre todo al Poder Ejecutivo que dice que va a dictar un acto fundado, que no solo lo haga por escrito, sino que también lo pueda fundar. Porque si no es lo mismo que se cuestiona del Poder Judicial, en cuanto que los jueces hablan por sus fallos. Acá es el mismo principio. Si fracasamos y la audiencia pública no se concreta, vamos a tener la posibilidad de afirmar que este gobierno ha traicionado su propia palabra, cuando hizo su campaña electoral y en la previa a este proceso de selección, que el Ministro de Gobierno no se diferenció en nada de sus pares, al momento de seleccionar. Por ejemplo; cuando votó en este concurso, no fundamentó porque votó a algunos y no a otros, cuando este gobierno dijo que era fundamental explicar porqué objetivamente se consideraba a uno u otro candidato. Cosa que Aramburu no ha hecho. Aramburu votó de igual que los legisladores Ricardo Furlan y Mónica Urquiza, y los doctores Virgilio Martínez de Sucre, Teresa Lopardi y José Luis Paños, como también Gonzalo Sagastume. Entonces, si el representante de la Gobernadora va a funcionar igual, el Gobierno pierde este derecho de cuestionar al resto, porque se porta igual que los demás.

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