La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, la peronista disidente Graciela Camaño, tiene previsto someter el tema a discusión en las próximas semanas, como fruto de un acuerdo con el resto de la oposición. Será después de que el cuerpo emita dictamen sobre la reforma de la ley de tratamiento de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), trámite previsto para el miércoles próximo.

La idea de Camaño es comenzar con una comparación de los distintos proyectos, para detectar cuáles son los puntos en los que hay acuerdo, detallaron a LA NACION sus voceros. Luego se convocará a expertos de organizaciones no gubernamentales (ONG) que trabajan en el tema, como Poder Ciudadano, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

"Hoy más que nunca es necesario sancionar una ley que cristalice los avances que hubo en la práctica gracias al decreto 1172/03, a la vez que incorpore los nuevos estándares jurídicos sobre los que hay consenso a nivel internacional. Esta debe ser la forma de evitar retrocesos en esta materia", dijo a LA NACION Alvaro Herrero, director ejecutivo de ADC.

En la comisión que preside Camaño hay ocho proyectos para sancionar una ley de acceso a la información. Se suman a otros tres con estado parlamentario en el Senado. Algunos de ellos fueron presentados varias veces desde 2006.

Cajoneado

Aquel año perdió estado parlamentario una iniciativa que se había aprobado en Diputados y que contaba con apoyo de las ONG. Fue luego de que, por impulso de la entonces senadora Cristina Kirchner, la Cámara alta le introdujera al texto modificaciones que lo hicieron inaceptable para sus promotores originales, dado que se alejaba de los estándares internacionales en la materia.

"Es importante que se sancione una ley de acceso a la información, porque el secreto es lo contrario de la democracia. La capacidad de los ciudadanos de involucrarse en la cosa pública hace que pueda haber millones de ojos controlando a los funcionarios", afirmó la diputada Patricia Bullrich, autora de uno de los proyectos, junto con su colega Claudia Gil Lozano.

Si bien el tratamiento de las iniciativas comenzará por impulso de la oposición, entre los promotores de la nueva ley también hay oficialistas: el diputado Juan Carlos Lorges y el senador Daniel Filmus son autores de dos de las iniciativas.

También tienen proyectos Juan José Alvarez, del Bloque Peronista; Margarita Stolbizer, Horacio Alcuaz y Fabián Peralta, del GEN; Silvana Giudici y Gustavo Cusinato, de la UCR; Paula Bertol, de Pro; Rubén Giustiniani, Mónica Fein, Alicia Ciciliani, Ricardo Cuccovillo y Miguel Barrios, del Partido Socialista; Carlos Favario, del bloque Demócrata Progresista; Sonia Escudero, del Peronismo Federal, y Marcela Rodríguez, de la Coalición Cívica.

El bloque de centroizquierda que preside Martín Sabbatella, cercano a las posturas de la Casa Rosada, también prepara un proyecto para presentar la semana próxima. "En los asuntos vinculados con las reglas de juego de la democracia debería haber acuerdo, más allá de las genuinas diferencias entre los distintos sectores", sostuvo el diputado, que durante su gestión como intendente de Morón creó una oficina de libre acceso a la información pública.