Vuelven a la carga por los Fondos

EL legislador de la Unión Cívica Radical (UCR), Omar Hallar informó hoy que solicitó que se remita a la Legislatura provincial una copia de todas las Actas emitidas por el Comité Ejecutivo de Contralor, creado para velar por cumplimiento de todos los términos del Contrato de Fideicomiso suscripto en 2006 con el Banco Santa Cruz S.A., y de sus Decretos ratificatorios.
Asimismo, afirmó que desde el bloque de la UCR también pedieron las ejecuciones presupuestarias de los ejercicios 2007 y 2008; un informe sobre las razones que llevaron a la demora en la presentación de la rendición correspondiente al año 2007 de los recursos aludidos, que debió haber sido enviado a la Cámara antes del 31 de julio de 2008 y cuyo ingreso se registró cinco meses después, durante el receso legislativo.

"Además, pedimos informes sobre los motivos que llevaron al Poder Ejecutivo, en el segundo semestre de 2007, a desafectar casi 200 millones de dólares de los activos financieros y a su aplicación sin consultar a nadie, cuando el gobernador había prometido en aquel momento que la inversión de los 560 millones de dólares que Santa Cruz tenía en el fideicomiso se haría entre todos, con proyectos que nacieran desde las comunidades, en el consenso", dijo.

Pedido de informes

El pedido de informe requiere detalle sobre las partidas a las que fueron destinados los fondos desafectados, indicando los gastos que se atendieron con los mismos; asimismo procura averiguar las condiciones de la rescisión del Contrato de Fideicomiso de Administración resuelto en marzo de 2008, incluyendo un detalle de las comisiones, honorarios y gastos abonados por el Estado Provincial durante su vigencia, y si la citada rescisión significó el pago de alguna erogación compensatoria al Banco; e intenta obtener datos concretos sobre la liquidación de la totalidad de los bienes fideicomitidos en dólares o pesos y el producido de la misma, la sucursal del Banco de la Nación Argentina en que se encuentran depositados y cómo se hallan invertidos.

El legislador remarcó que, desde su bloque, se han presentado numerosos pedidos de informes que nunca han sido despachados de las Comisiones por la negativa del bloque oficialista y, en consecuencia, jamás fueron contestados por las autoridades del gobierno provincial.

Un repaso histórico

El legislador radical puntualiza que el anexo al Artículo 16 de la Ley N° 2.663, sancionada el 27 de noviembre de 2003, fija el esquema de exposición y rendición de los activos financieros de la Provincia estableciendo que, finalizado cada ejercicio calendario, el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Economía y Obras Públicas de la Provincia, elevará al Tribunal de Cuentas antes del 30 de abril de cada año, un informe acerca de la evolución de estos activos, las decisiones de inversión adoptadas y los importes con los que cerró el ejercicio. El Tribunal debe, a su vez, analizar y aprobar el informe para elevarlo a tratamiento de la Honorable Cámara de Diputados antes del 31 de julio de cada año, a los fines de que los diputados puedan -antes de la conclusión del período ordinario de sesiones- proceder a la aprobación de lo actuado por el Poder Ejecutivo.

Hallar aclaró que el esquema fue utilizado por primera vez en la rendición correspondiente al ejercicio 2003. La certificación de los activos financieros de la Provincia en el exterior efectuada por el Tribunal de Cuentas tomó estado parlamentario el 12 de agosto de 2004 y fue aprobada por mayoría ese mismo mes.

"La certificación de los movimientos y el saldo de dichos activos al 31 de diciembre de 2004, ingresó a la Cámara el 25 de agosto de 2005 y se aprobó por Ley N° 2.800 el 22 de septiembre de ese año, con el voto negativo de nuestro bloque. En cuanto al ejercicio 2005, se agudizaron los incumplimientos de los plazos legales ya que el informe recién tomó estado parlamentario en la última sesión ordinaria de 2006 y fue aprobado sobre tablas por la mayoría", remarcó el legislador.

A principios de mayo de 2006, el Poder Ejecutivo suscribió un Contrato de Fideicomiso de Administración de los recursos financieros consignados –ratificado por Decreto N° 1.222/06– con el Banco Santa Cruz S.A.. Los considerandos de dicho Decreto expresan que se había resuelto firmar el Contrato aludido para otorgar una mayor seguridad jurídica a la preservación de los activos, para eliminar cualquier contingencia que los pudiere afectar y para lograr una administración profesional de los mismos. Poco después, mediante Decreto N° 1.527/06, fue creado el Comité Ejecutivo de Contralor – integrado por el titular del Poder Ejecutivo, el Ministro de Economía y Obras Públicas y el Secretario de Hacienda- para velar por el fiel cumplimiento de todos los términos del mencionado Contrato de Fideicomiso.

En la sesión del pasado jueves ingresó a la Legislatura la rendición correspondiente al ejercicio 2007, procedente del Tribunal de Cuentas, que debía haber llegado antes del 31 de julio de 2008, lo que marca claramente un nuevo incumplimiento de los plazos legales.

Aclaración

Cabe recordar que días atrás en diálogo con TiempFM, el Jefe de Gabinete, Pablo González, reconoció que durante el Ejercicio 2007 hubo una desafectación cercana a los 200 millones de dólares de los fondos extraordinarios que Santa Cruz conserva por el pago de regalías mal liquidadas, aunque negó rotundamente que ese dinero haya sido utilizado en la campaña electoral del gobernador Daniel Peralta, tal como lo denunció la oposición.

Durante una extensa entrevista brindada a “La Parada”, el ministro detalló el informe sobre el destino de los 199.004.019, 25 dólares que se desafectaron del Fideicomiso del banco Santa Cruz.

En ése contexto, acusó a la oposición de tratar de “potenciar un escenario de conflicto diciendo que el gobierno y los funcionarios dilapidan la plata negociable en campañas electorales”.

“El Gobierno de ninguna forma pudo haber dilapidado 200 millones de dólares en una campaña electoral. La verdad que es inaudito y es muy difícil de creer también”, expresó González.

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