Con maratónicas audiencias que comenzarán el martes en el Senado y se prolongarán por tres días, para tratar el paquete anticorrupción (leyes del arrepentido y de reintegro de bienes), la actividad parlamentaria recobrará protagonismo tras el largo receso de julio.

La agenda del segundo semestre para el Gobierno asoma más complicada que la del primero, cuando consiguió la aprobación de los proyectos que consideró prioritarios (holdouts, blanqueo y baja del IVA) y por lo tanto se verá obligado a aceitar al máximo los engranajes de negociación.

A medida que avanza el armado electoral de la oposición con vistas a la contienda de 2017, las figuras clave para arrimarle los votos que necesita ante cada ley se fueron endureciendo. Traducido: Miguel Pichetto en el Senado y Sergio Massa en Diputados. Con todo, en la Rosada confían en llevar a buen puerto los dos proyectos en los que depositará la mayor energía: la reforma electoral y el Presupuesto para el año próximo.

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, irá el jueves a defender los cambios en el sistema de votación a un plenario de comisiones en la Cámara baja. Voces oficialistas ya admitieron que aceptarán muchos de los retoques que quiere introducir la oposición, mientras quede en pie la introducción de la Boleta Unica Electrónica, corazón de la propuesta que Mauricio Macri quiere dejar como parte de su “herencia”. El gran desafío allí es poder tener la ley en octubre a más tardar, para poder implementarla en las legislativas del año próximo.

Con el Presupuesto habrá una ronda de consultas a los gobernadores, sobre la base de una proyección inflacionaria del 17%, y se espera que desde su ingreso exigido para el 15 de septiembre la discusión se estire hasta diciembre. Con todo, hay otro paquete económico que al Ejecutivo le interesa tener antes: los proyectos de participación público privada y de transparencia en la obra pública. Con ellos, apunta a atraer inversiones en infraestructura a gran escala.

Para el debate de las leyes del arrepentido y de extinción de dominio, las comisiones de Justicia y de Seguridad Interior del Senado convocaron una larguísima lista de expositores encabezada por los ministros del área, Germán Garavano y Patricia Bullrich. También irán la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, jueces, fiscales y otros expertos.

El pronóstico sobre el que curiosamente todos coinciden es que las leyes anticorrupción se cocinarán a fuego lento: se harán correcciones a la media sanción de Diputados, que deberá volver a tratar el tema. En la del arrepentido pondrán cómo límite de acceso el traslado a juicio. En extinción de dominio podrían anular el decomiso de bienes antes de la condena.

Menos certezas cosecha el destino de la reforma del Ministerio Público Fiscal. Antes del receso, el massismo tomó distancia del acuerdo alcanzado sobre el proyecto para quitarle poder a la procuradora Alejandra Gils Carbó. Es parte de los chispazos que jalonaron en los últimos tiempos la relación entre Macri y su ex aliado de Tigre. Otros capítulos de la reforma judicial (que incluye el traspaso de tribunales nacionales a la Capital) seguirían con poca chance de salir del pantano.

Un asunto que prometió reactivar el Gobierno es la suba de las escalas del Impuesto a las Ganancias, música para los oídos peronistas. Ese tema se debatirá en paralelo con cuestiones institucionales, como la financiación de los partidos, el debate televisivo obligatorio en las presidenciales y la reglamentación de las transiciones entre gobiernos.

Para finalizar, un anexo para uso exclusivo del Senado: tras el exitoso paso de los pliegos para la Corte, el Ejecutivo irá por los de la AFI (la Comisión de Acuerdos le tomará examen el miércoles a Gustavo Arribas y a su número dos, Silvia Majdalani) y los del Banco Central, con Federico Sturzenegger a la cabeza.