Jorge Capitanich se lo confirmó esta semana a su círculo íntimo: “ Vamos a aceptar que el Fondo revise la economía”. El jefe de Gabinete trasmitió que junto a Kicillof estaban “dando la batalla interna” para abrazarse otra vez al FMI. El objetivo sería v olver a endeudarse con Wall Street para fortalecer las alicaídas reservas. Buscan 10.000 millones de dólares. La vuelta a la ortodoxia también obedece a otra urgencia: tener el apoyo de Estados Unidos en el juicio de los holdouts. El plazo para que el Tesoro presente una carta a la Corte vence a fin de marzo.

Pero la acción deja al descubierto la inconsistencia del relato oficial y el doble discurso de Kicillof.

La cuestión fue tratada en una reunión secreta entre Capitanich y la cúpula de la UIA. Héctor Méndez y Daniel Funes de Rioja manifestaron su enojo por las operaciones oficiales contra los empresarios. También advirtieron sobre los riesgos del proyecto de Héctor Recalde, que busca poner como “sujetas a intervención” a las empresas de alimentos, las textiles y las fábricas de insumos fabriles. Capitanich respondió: “Estén tranquilos, la salida económica está a un paso.” Pero esta jugada contra reloj tiene un fuerte reparo: la total falta de credibilidad en el exterior del ministro y su equipo.

El Gobierno promociona un virtual acuerdo con el Club de París, pero la realidad es otra. Ramon Fernández, el titular del organismo, fue muy claro en la reunión que mantuvo con Kicillof: rechazó la oferta argentina por no reunir las condiciones mínimas que requiere una negociación internacional.

Ahora, el Club de París envió un pedido de informes a Buenos Aires con preguntas lacerantes y algunas humillantes para los funcionarios. El texto firmado por Clotilde L’Angevin no abrió ninguna negociación seria, como intentó explicar Kicillof en la Quinta de Olivos.

En el entorno de Cristina, Daniel Scioli sugirió fortalecer la anemia de Kicillof y sumar en las conversaciones internacionales a expertos como Mario Blejer y Guillermo Nielsen. Ayer, Nielsen estuvo en Manhattan en una exposición de banqueros. Cristina rechazó el consejo: “Daniel dejá, que Axel tiene muy buenas ideas no convencionales para resolver el tema.” El Gobierno ya sufrió el traspié de creer que la propuesta del fondo Gramercy iba a cerrar el juicio de los holdouts. El fondo Black Rock –el principal tenedor de bonos argentinos– comunicó que se retiraba de la propuesta y, así, las tratativas del financista Gustavo Ferraro –íntimo de Amado Boudou– terminaron en una total inconsistencia.

Ahora, Cristina busca otra fórmula mágica y le habría pedido al fondo Fintech Advisory que inicie una negociación para comprar la deuda en litigio con el fondo buitre NML Capital. David Martinez –el jefe de Fintech que adquirió Telecom– está dispuesto a iniciar los sondeos, pero exigió fuentes de financiación para poder negociar con Paul Singer.

También el acuerdo con Repsol busca aliviar el frente externo. Por eso Kicillof pegó un giro de 180 grados para complacer a España. Como viceministro, en el otoño de 2012, afirmó en Olivos que a Repsol no había que pagarle “ni un solo dólar“. Ahora, el acuerdo deteriora la figura de Kicillof. El Gobierno había exigido desplazar a Antonio Brufau para iniciar las negociaciones, pero le salió el tiro por la culata, ya que terminó fortaleciendo la figura de Brufau con las ventajas que le concedió a Repsol.

El convenio permite sepultar los negocios oscuros que se hicieron con la petrolera argentina.

En 1998, Carlos Menem entregó el control de la compañía a los españoles y de esa negociación poco clara participó el propio Rey Juan Carlos. Siempre se dijo que el monarca había quedado salpicado en un juego de intereses públicos y privados sobre las acciones de YPF.

El acuerdo también sepulta las dudas que existen sobre la “argentinización” de YPF. Néstor Kirchner participó directamente de la operación y Brufau fue su interlocutor de privilegio. Brufau tiene los detalles de lo que negoció con Kirchner y eso figura en actas secretas de directorio de la petrolera española.

Esos documentos se guardan bajo siete llaves, porque su difusión derivaría en un escándalo político en Buenos Aires y Madrid.

A partir de ese momento Repsol e YPF giraron al exterior el 140% de sus utilidades. Así, desde 2008 la inversión y la producción comenzaron a caer.

El declive siguió con la estatización, a pesar los comentarios deslizados desde la empresa. Fracasó el plan de los 100 días de Miguel Galuccio y poco se avanzó en Vaca Muerta.

El cambio del logo costó una millonada y lo hizo una consultora vinculada al cristinismo.

La producción de gas y petróleo no para de caer en la Argentina y las naftas aumentaron en dos años un 80%. Además, YPF comenzó a acrecentar su endeudamiento.

La forma de pago a Repsol presenta una particularidad grave: Repsol, Goldman Sachs y Deutsche Bank van a manejar el mercado de esos bonos, en una suerte de privatización de la cartera argentina.

Pero antes deberán superar un escollo muy serio: no existe ni se conoce ninguna valuación del Tribunal de Tasación, un presupuesto legal para el pago de 5.000 millones de dólares a Repsol. La ausencia de esa auditoría tendrá repercusiones políticas, ya que el acuerdo no cumplirá con la propia ley de estatización de YPF.