El vuelo hacia el Estado va con pasaje gratarola

Los legisladores emitieron ayer un dictamen: antes de fin de año podría aprobarse una ley especial. El oficialismo quiere absorber activo y pasivo. La oposición rechaza cargar con la deuda.
La Comisión Bicameral de Reforma del Estado recomendó al Gobierno la expropiación de las empresas Aerolíneas Argentinas-Austral, luego de que los representantes de Marsans dejaran una nota rechazando la valuación negativa del Tribunal de Tasación y la venta sus acciones al Estado en esas condiciones. El bloque del Frente para la Victoria ya prepara un proyecto de ley que ingresaría por Diputados en los próximos días. Tal vez antes de fin de año, las dos empresas pasen definitivamente a manos del Estado. El gran debate será por la deuda de u$s890 millones y la forma en que se expropiará. El oficialismo dice que el pasivo es negociable porque es mayormente con entidades estatales. La oposición apoya la expropiación y pero sin absorber el déficit. La estrategia del Gobierno, para evitar más roces con Rodríguez Zapatero y para no darle más argumentos judiciales a Marsans en un futuro juicio internacional, dejará el impulso resolutivo en el Poder Legislativo. De concretarse la expropiación, los españoles reclamarán ante el tribunal de arbitraje del Banco Mundial un resarcimiento de u$s1.000 millones.

Todo indicaba que iba ser otro día de cruces entre Marsans y el Gobierno. La Comisión Bicameral había citado a Horacio Fargosi, presidente de Aerolíneas Argentinas y vicepresidente de Interinvest SA, sociedad controlante de la empresa en cabeza de Marsans. Concurrió acompañado de otros directores y al ser consultado sobre la valuación del Tribunal de Tasación contestó “no tengo nada que opinar”. Agregó que era tarea de los españoles Víctor Muñoz y Eduardo Aranda, apoderados para negociar con el Gobierno y quienes le encargaron la valuación de las empresas al banco Crédit Suisse. Ante lo que era una equivocada citación, tras cinco minutos de reunión, se acordó convocar a Muñoz y Aranda para el jueves. Sin embargo, antes de retirarse, los enviados de Marsans dejaron la carta “bomba” en la secretaría de la comisión, firmada por los mencionadas en la que respondieron lo que la bicameral esperaba.

“Interinvest no acepta bajo ninguna circunstancia que el valor de las empresas sea cero o menor a cero y no venderá las acciones de las empresas al precio establecido por el Tribunal de Tasación”, decía un párrafo. También apuntaban que se dio “información parcial” al valuador oficial –el dardo fue hacia el actual gerente general de Aerolíneas, Julio Alak, sugerido por el Gobierno– y a que el directorio de la empresa –controlado por Marsans– “no había tenido incidencia” en este proceso.

Los legisladores volvieron sobre sus pasos y resolvieron sesionar. En media hora emitieron el dictamen. Se ratificó la tasación oficial, se recomienda al Poder Ejecutivo garantizar el transporte aerocomercial y se propicia declarar a Aerolíneas-Austral y sus controladas de utilidad pública y “sujetas a expropiación”.

Los diputados y senadores de la comisión que preside el bonaerense Mariano West entendieron que “no habiendo acuerdo respecto de la valuación de ambas empresas en forma conjunta, no resulta factible el rescate de Aerolíneas mediante compra de sus acciones”, tal como fue votado hace dos meses por el Congreso.

El desacuerdo surgió debido a que los números aprobados por la comisión indican que la compañía tiene un valor negativo de 2.540.338.289 pesos, según el Tribunal de Tasación. En tanto que la valuación realizada por el Credit Suisse, a pedido de la empresa española, es de entre cero y 60 millones de dólares para Aerolíneas y de entre 330 y 450 millones de dólares para Austral.

La recomendación fue firmada por los senadores Nicolás Fernández, José Mayans, Eric Calcagno, Marcelo Fuentes y por los diputados Mariano West, María de la Rosa, Alejandro Rossi y Ariel Basteiro, todos del oficialismo.

Los diputados opositores Rubén Lanceta (UCR) y Esteban Bullrich (PRO) firmaron en disidencia pidiendo “que la declaración de utilidad pública y sujeta a expropiación sólo comprenda los activos de las

empresas”.

Con esta recomendación, el Congreso deberá trabajar ahora en la elaboración de un proyecto de ley que podría ser presentado esta misma semana en Diputados.

La idea de los principales referentes del Frente para la Victoria de ambas cámaras es que la iniciativa esté aprobada antes de fin de año.

“Estamos en el peor de los mundos”, dijo Gerardo Morales, titular de la UCR. “La salida del kirchnerismo es una expropiación de la peor manera. Con el Estado haciéndose cargo de activos y pasivos, es decir de una deuda millonaria después del vaciamiento comprobado de la empresa, y todavía con la posibilidad de un juicio ante el CIADI”.

Hoy sigue la contienda

Tras la decisión del Congreso de ir para adelante con la expropiación, el directorio de Aerolíneas, compuesto por directores de Marsans, el Estado y los empleados, se reunirá hoy. En el orden del día está previsto debatir la legitimidad de una anterior reunión que convocó a una asamblea de accionistas para el 18 de diciembre para definir los términos de la capitalización de la empresa.

¿Intervención + expropiación?

La clave es cómo se expropia. La ley 21.499 permite expropiar bienes y no acciones de compañías. Por eso habría que dictar una norma especial para Aerolíneas Argentinas. Hasta que esto suceda, el Gobierno teme que Marsans, con mayoría en el directorio, haga cambios societarios o de autoridades para embarrar la cancha. En este caso, el Ejecutivo dictaría la intervención para evitar males mayores.

El superjuicio que prepara Marsans

Marsans adelantó que no se quedará quieto en caso de materializarse la expropiación. A través de Interinvest SA, accionista mayoritario de Austral y Aerolíneas, dejó trascender que iniciará una demanda de u$s1.000 millones contra la Argentina ante el CIADI, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial.

Hace 15 días la empresa contrató los servicios del estudio de abogados estadounidense King and Spalding para que realizara los estudios preliminares para medir las posibilidades de llevar a cabo una acción judicial.

La decisión estaba tomada de antemano y es la amenaza constante que siempre mostraron los españoles de no llegar a un acuerdo con el Gobierno. El objetivo es reclamar una indemnización por la inversión perdida.

El Poder Ejecutivo buscará no ser el que tome las decisiones resolutivas y así restarle al demandante argumentos judiciales. Se excusará en la legitimidad del Poder Legislativo.

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