Vuelco inesperado en el triple crimen de General Rodríguez

En los procedimientos realizados por el juez Faggionatto Márquez arrestaron a seis personas y secuestraron armas de guerra y un vehículo que había sido visto en la escena del crimen. Una funcionaria municipal está detenida.
A tres meses de la aparición de los cuerpos de Sebastián Forza, Leopoldo Bina y Damián Ferrón en un descampado de General Rodríguez, el juez federal Federico Faggionatto Márquez, que investiga la ruta de la efedrina, allanó una mansión de esa localidad, detuvo a seis personas y ordenó la captura de otra. En la casa se secuestraron diez armas, entre ellas una calibre .40, igual a la que se usó en el triple crimen. Se sospecha que esa casa puede ser el lugar donde estuvieron cautivos los tres hombres antes de ser asesinados. Del procedimiento participaron los fiscales de Mercedes, Juan Ignacio Bidone y Daniel Vivanco, que investigan el homicidio.

El operativo comenzó cuando un testigo de identidad reservada declaró ante Faggionatto Márquez que el 13 de agosto a las cuatro y media de la madrugada una persona vio en el mismo lugar, donde 12 horas después aparecieron los cuerpos, al jefe de calle de la comisaría 1º de la zona en un patrullero y una camioneta Dodge RAM.

El policía es Darío Atrio, quien quedó detenido en la causa de la ruta de la efedrina y fue desafectado del servicio por decisión del ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli.

La camioneta es propiedad de Hernán De Carli y fue secuestrada en la mansión. El hombre actualmente está en Miami y hoy pesa sobre él una orden de captura librada por Faggionatto.

Cuando la policía allanó la mansión encontró armas y municiones de guerra. El padre, la madre y el hermano de De Carli quedaron detenidos. Faggionatto Márquez detuvo, además, a la funcionaria municipal María Cristina Otero y al custodio de De Carli y agente del Servicio Penitenciario, Miguel Ángel Lombardi.

Según fuentes de la investigación, se pidió al Ministerio de Seguridad bonaerense información sobre los movimientos de los patrulleros, equipados con GPS, para saber si alguno de ellos estuvo en el lugar de la aparición de los cuerpos, lo que podría involucrar al policía en el homicidio.

Bina y Ferrón fueron vistos en General Rodríguez con De Carli, desde marzo, incluso a Bina manejando la camioneta RAM, según los investigadores.

Los abogados que representan a los familiares de las víctimas, Rubén Ramírez y Miguel Ángel Pierri, consideraron que los jóvenes no fueron asesinados en el lugar que aparecieron. “La casa allanada puede ser la misma en la que estuvieron en cautiverio”, dijo Pierri. “Estamos 100% seguros de que estuvieron en la casa hasta el sábado”, sostuvieron fuentes de la investigación. Las víctimas desaparecieron el jueves 7 y, según las presunciones, habrían estado en la casa privados de la libertad. “En una situación en la que tal vez no se daban cuenta de que estaban cautivos, medio de joda. En los tres se encontró cocaína”, agregaron. Se supone que el sábado los maniataron en otro lugar, para finalmente matarlos el lunes y dejar los cuerpos en el zanjón el miércoles, volviéndoles a disparar para que parezca que ese lugar era la escena del crimen.

“En la mansión hay un búnker de cemento con toma de luz. Allí pueden haber estado vivos o muertos”, dijo una fuente con acceso al expediente. La Delegación de Drogas Ilícitas Campana-Zárate, a cargo de Honorio Rodríguez, secuestró en la propiedad una credencial de DEA a nombre De Carli, la camioneta negra RAM con chapa de SWAT y patente de los Estados Unidos, además de chalecos de esa fuerza.

Según pudieron corroborar los investigadores, De Carli intentó pasar al Paraguay junto a Lombardi alegando ser de la DEA y mostrando la credencial. Oficialmente en la embajada estadounidense sostuvieron que De Carli no trabaja allí.

De Carli y Lombardi se alojaron en el mismo hotel de Clorinda, en Formosa, 12 días antes que los dos mexicanos detenidos junto a Jesús Martínez Espinoza, señalado como el líder de la banda narco que traficaba efedrina.

El mismo testigo de identidad reservada sostuvo que vio reunirse, en más de una oportunidad, a Bina, Rodrigo Pozas Iturbe –el mexicano detenido sospechado de trafico de efedrina–, Otero y Manuel Poggi –funcionario municipal privado de su libertad acusado de alquilar un galpón para los mexicanos– en una estación de servicio de General Rodríguez. Allí vio la camioneta RAM.

En un allanamiento realizado por el fiscal Bidone, se secuestró el celular y el chip de Ferrón. Los tenía un hombre en una casa de General Rodríguez que lo había encontrado el mismo día de la desaparición de las víctimas.

ATRIO, UN TIPO PESADO. El teniente 1º Darío Atrio, detenido en el allanamiento de la quinta Los Troncos, “era un verdadero pesado, protegido por las más altas esferas del poder político en Rodríguez”, aseguraron fuentes locales. Tanto el intendente Marcelo Coronel como su esposa, la senadora Adelma Arguissain, presionaron a las autoridades provinciales para promoverlo, luego de que a mediados de 2007 fuera removida la cúpula de la Comisaría 1ª del distrito, a raíz de un escándalo que involucró a dos oficiales de la dependencia, encontrados en un hotel de alojamiento con una menor de 16 años. “Como jefe de calle, Atrio organizaba la recaudación porque manejaba los fondos negros provenientes de la droga, la prostitución y el juego”, explicaron las fuentes. “Siempre anduvo en la joda, le gustaba ostentar poder, andaba en una 4x4 y era un tipo muy violento”, relató un ex compañero de la fuerza que atestiguó en su contra cuando en 2006 una familia lo denunció porque Atrio “le plantó” droga para armarle una causa. “En ese momento lo mandaron a San Andrés de Giles para zafarlo, aunque al poco tiempo volvieron a traer a Rodríguez y le dieron tareas administrativas en la distrital, pero como era el que manejaba las cajas, siguió haciéndose cargo de la calle”, confió esta fuente.

FORTALEZA EN LAS MORAS. La casa allanada por el juez Faggionato Márquez en el barrio Las Moras pertenece a la familia De Carli. “La propiedad existe desde hace muchos años, pero alrededor de 2004 la rodearon con un paredón y pusieron el cerco electrificado y más de 20 cámaras de seguridad”, aseguró un vecino. A pesar del despliegue policial, la Justicia no pudo dar con Hernán De Carli, quien tiene domicilio en el 10340 W. Broadview Dr Bay Harbour Island de Miami y es propietario –en sociedad con su hermano Guillermo– de la empresa DmasD Group S.A., encargada de servicios de logística en general. “Hernán estuvo hasta hace 20 días en Rodríguez antes de volverse a Miami”, confió Ignacio, amigo de la familia detenida. Esta persona reconoció que De Carli es el propietario de la camioneta incautada en el operativo. “Las armas que se encontraron en la casa están todas declaradas y son para la seguridad familiar, incluso la pistola calibre .40”, finalizó el amigo de la familia.

“No es de la DEA”, dijo un vocero de la embajada de los EE. UU.

“Hernán De Carli no trabaja en la embajada de los Estados Unidos ni pertenede a la DEA ni a ningún organismo de este país”, confirmó a Crítica de la Argentina un vocero de la embajada norteamericana. “Frecuentemente –explicó el funcionario–, los criminales incurren en estas falsificaciones para ayudarse en los hechos en que están envueltos.”

Cayó otra funcionaria K

“Al intendente (Marcelo Coronel) se le cayeron los dos recaudadores más importantes que tenía: primero Poggi y ahora Cosentino”, confió a Crítica de la Argentina un asesor del Concejo Deliberante de General Rodríguez. Es que la funcionaria detenida María Cristina Otero, también conocida como Cristina Cosentino, era la directora de Relaciones Empresariales del municipio, y amiga personal del intendente y de su esposa, la senadora provincial Adelma Arguissain. Cosentino responde directamente al secretario de Producción, Armando “Palomo” Borches, de cuyo hijo es padrino el jefe comunal. La mujer habría participado de la gestión para alquilar el galpón de 2.000 metros cuadrados donde fueron encontrados los tambores con restos de cristalmeth. El propietario del inmueble, Tasca Carrizo, afirmó: “Ella fue quien me llamó para preguntar si alquilaba el galpón porque tenía un conocido que estaba interesado”, en referencia a Manuel Poggi, el primer funcionario municipal detenido por el juez Faggionatto Márquez en la causa que investiga el tráfico de efedrina a México.

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