La cámara de Diputados bonaerense aprobó ayer y giró al Senado la emergencia en Infraestructura, un pedido expreso de María Eugenia Vidal que le permitirá al Ejecutivo acelerar los plazos de licitación de obras, salteando la actuación de los organismos de control. 

La clave para aprobar el proyecto fue el acuerdo con el Frente Renovador. En las últimas horas, el oficialismo acercó al massismo la creación de una comisión Bicameral de seguimiento, fiscalización y control; y la posibilidad de diferir por 90 días la inscripción en los Registros de Proveedores y Licitadores. Dos puntos que el bloque de Sergio Massa requería como condición para aprobar la Emergencia. El encargado fue el diputado Manuel Mosca.

A los votos positivos de Cambiemos y el Frente Renovador se sumó el Frente Amplio Progresista, mientras que el kirchnerismo votó en contra y disparó duras críticas hacia el proyecto.

La emergencia autoriza a todos los ministerios y secretarías a ejecutar obras y contratar servicios bajo ciertas normas de excepcionalidad, como la posibilidad de que se contrate a empresas que no se encuentren inscriptas en el registro de proveedores, la excepción de publicar las contrataciones realizadas en el Boletín Oficial y la posibilidad de que el ministerio de Economía realice las adecuaciones presupuestarias necesarias.

El dictamen final, al que LPO pudo tener acceso, determina la declaración de la emergencia por el término de un año -contado a partir de su entrada en vigencia- pudiendo ser prorrogado por el Ejecutivo por única vez y por igual término.

“Necesitamos una nueva ley de obra pública que apueste a que la información, la transparencia y a llevar adelante con agilidad las obras que la provincia necesita, pero con el máximo respeto y resguardo por la ley”, dijo el massista Juan Amondarain. “Necesitamos creer que se puede partir de una situación de emergencia para mejorar”, agregó.

El peronismo centró sus críticas en el rol de los organismos de control, cuya participación en los futuros procesos de licitación quedará reducida a una sola intervención que deberá resolver en un plazo máximo de siete días hábiles o de lo contrario se considerará aprobada.

El diputado Ricardo Móccero argumentó que “Vidal dijo que su administración se iba a caracterizar por la transparencia y este proyecto demuestra todo lo contrario porque quieren evadir todos los controles”.

En tanto, el jefe de bloque de Cambiemos, Jorge Silvestre, mantuvo un discurso crítico con Cristina Kirchner y Daniel Scioli. “En la gestión anterior hubo un sector de la provincia que no estuvo de acuerdo con la Presidenta y no recibió absolutamente nada”.

Silvestre contó que le tocó ser Secretario de Gobierno de 9 de Julio durante el enfrentamiento entre el kirchnerismo y las entidades rurales. “No recibíamos nada por apoyar a nuestros productores”, dijo.