Voto no positivo de las empresas

Los especialistas pronostican la postergación de inversiones, profundización de la caída del PBI y obra pública más visible.
El proyecto del Gobierno de adelantar las elecciones legislativas al 28 de junio comienza a impactar sobre distintos sectores de la economía. Analistas financieros y hombres de negocios vinculados con servicios públicos y con la construcción fueron los más pesimistas. Para ellos, el parate generalizado que ya se siente se extenderá hasta la fecha del sufragio. La votación anticipada demorará inversiones que estaban previstas para este año y profundizará aún más el estancamiento de la industria y del consumo. Con respecto al empleo, los empresarios y delegados gremiales opinaron que los despidos previstos se van a demorar hasta que finalicen los comicios. En algunas cámaras ven esta medida política como una buena acción para reducir la ansiedad y la incertidumbre social en un año “económicamente complicado”. Según pudo saber Crítica de la Argentina, esta semana las entidades que representa cada industria reunirán a sus respectivas comisiones directivas para replantear el escenario.

En las empresas de servicios públicos ya saben que no habrá renegociaciones tarifarias integrales con el Gobierno. La segunda ronda de ajustes de tarifas se paró de cara a las elecciones y no hay novedades sobre futuros acuerdos. Lo mismo ocurrirá con las inversiones privadas en varias industrias. Para el economista y ex secretario de Energía, Daniel Montamat, el adelanto electoral agudizará la caída de la economía nacional. “En materia de inversiones, ahora todo va a carpeta”, dijo.

Carlos Wagner, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), coincidió con la visión del especialista. “Las elecciones suelen frenar las inversiones, pero en un contexto de crisis económica mundial, esa resolución permitirá disminuir la incertidumbre. Desde el punto de vista de la actividad, los programas de obra pública se ejecutarán, no obstante se espera un freno en las obras privadas que, aunque finalizan, no se renovarán”, dijo el responsable de la CAC a Crítica de la Argentina.

Empresarios vinculados con la industria automotriz, textil, del transporte de carga y logística y de los sectores financiero y gastronómico consultados por este diario reconocieron que “las decisiones sobre futuros desarrollos se van a hacer esperar” hasta que termine la campaña electoral.

En materia de obra pública, los especialistas prevén un avance sobre aquellos proyectos más visibles ante los ojos de la sociedad y que demandan poco presupuesto. “Va a haber mucho pavimento”, pronosticó uno de ellos. No se terminarán obras de gran envergadura. Las dos centrales eléctricas Timbúes y Campana son un claro ejemplo. Según fuentes del sector, se necesitan 250 millones de dólares para cerrar el ciclo combinado de cada usina previsto para mediados de este año. El cuidado de la caja para mostrar superávit fiscal frenó este desembolso que, en épocas de escasez energética, parecía indispensable.

Para conseguir un aumento es ahora o nunca

El anticipo de las elecciones acelerará también las negociaciones entre empresas y sindicatos, orientadas a fijar aumentos de suma fija por un semestre. El diagnóstico pertenece a los asesores legales de ambos sectores y coincide con el criterio que se aplicará en las paritarias del transporte público de pasajeros, como adelantó este diario.

“Se venía trabajando en una prórroga hasta mitad de año de la negociación colectiva, con sumas fijas como puente. El adelanto de las elecciones confirma más esta tendencia”, explicó el laboralista José Zabala, asesor de empresas. Zabala explicó que la modalidad servirá a los empleadores, que no quedarán así atados a sostener un porcentaje de aumento en un año de crisis, y también a los sindicalistas, que obtendrán una recomposición temporaria hasta tanto el escenario económico termine de despejarse. “No me parece descabellado por el cambio de escenario, que es muy fuerte. Las expectativas recién se van a definir hacia el segundo semestre”, coincidió Juan Carlos Schmid, miembro del Consejo Directivo de la CGT.

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