Votar en marzo, y no en octubre, nos cuesta $ 1.200.000

Ya es normal que las elecciones “provinciales” se realicen en fecha diferente de las nacionales. El argumento utilizado por el FCS, falso desde luego, es que así se privilegia el tratamiento de temas locales. Por seguir la “tradición frentista”, Brizuela del Moral debe esconder el costo económico de la medida, que se instrumenta con la sola intención de reforzar las chances electorales del oficialismo; eso pasa mientras a personas se les niega remedios imprescindibles para su vida.
Es injustificable que un Gobierno que se jacta permanente del manejo que hace de la cosa publica duplique, por puros intereses mezquinos, los gastos electorales; comprensible si se trata solo de otra mentira de una estrategia electoral que apunta solo a perdurar en el tiempo, aún a costa de los verdaderos intereses del conjunto de la sociedad.

Que la elección de concejales, diputados y senadores provinciales, quienes deben asumir recién el 10 de diciembre próximo, no se realice en forma conjunta con la elección de los diputados y senadores nacionales en el mes de octubre, tiene un costo extra para el erario publico provincial.

Cuando Eduardo Brizuela del Moral anunció a fines de diciembre pasado, justo los días en que a los empleados públicos les negaba un “regalito” de fin de año, que las elecciones finalmente serian el domingo 8 de marzo, no dijo el costo “extra” para el erario estatal.

Por seguir la tradición frentista de desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales, el Estado deberá pagar $ 1.200.000 en imprimir padrones, enviar los

telegramas a las autoridades de mesa, el envío de las urnas, transportes, distribución de documentos, y otras minucias. De realizarse la elección octubre, la Provincia podría ahorrarse ese millón de pesos porque los gastos los debería afrontar el Estado Nacional.

Como siempre se hace se esconde ese costo, que a nadie parece importarle, no hablemos de la mucha prensa moderada del radicalismo, sino de otros estamentos de la sociedad como podría ser la Iglesia, como si la nuestra fuera una provincia potencia, sobre todo si se considera que al tiempo que se toman de estas decisiones políticas, por ejemplo, los enfermos derivados para ser tratados en Córdoba no se los ayuda ni con los gastos de alojamientos de un acompañantes, o más grave aun, cuando se abandona a su buena suerte a personas que suplican por la provisión de medicamentos para poder seguir viviendo, como es el caso de un joven santamariano que tuvo amplia difusión en medios de comunicación, independientes claro.

Esta vez, la “novedad” de semejante gasto extra se conoció cuando trascendieron los pormenores del Decreto Acuerdo N° 04, de fecha 12 de enero pasado, que lleva la firma del prodigo gobernador, Eduardo Brizuela del Moral.

Por ese instrumento, el primer mandatario autoriza al Ministerio de Gobierno, a cargo de Javier Silva, “en forma excepcional, a contratar bajo el Régimen la Contratación Directa por Significación Económica, Art. 98°, inc. c) de la Ley N° 4938, los servicios de una empresa para que se encargue de toda la logística eleccionaria (impresión de Padrones, telegramas a Autoridades de Mesa, urnas, transportes, distribución de documentos, etc.) hasta la suma de $ 1.200.000,00”.

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