La UCR volvió a pedir un plan

Tras una reunión plenaria de las autoridades partidarias, el radicalismo fueguino reclamó al Gobierno provincial «la definición e instrumentación concreta de un plan económico y social». Salió en respaldo de los Intendentes exigiendo que «se respete el envío en tiempo y forma de los fondos coparticipables» y que se garantice el funcionamiento pleno del IPAUSS. Pidieron que se revea el convenio chino y reafirmaron el acompañamiento a la sanción de ley industrial.
Con un crítico documento, el radicalismo fueguino exigió al Gobierno provincial «la definición e instrumentación concreta de un plan económico y social que permita superar la grave crisis de nuestra provincia, en un marco de transparencia y responsabilidad fiscal».

Reunidos en la sede partidaria en ésta ciudad, se encontraron autoridades del Comité provincial, de la Convención partidaria, los Comité de Ushuaia y Río Grande, referentes de la Juventud Radical y afiliados. Allí escucharon la exposición realizada por el contador Paulino Rossi, secretario de Finanzas del Municipio de Río Grande, sobre la situación relacionada al envío de fondos de coparticipación y las distintas instancias a las que se ha arribado en el marco de la discusión con el Gobierno provincial, que incluyó medidas judiciales, ante la asfixia económica que generó la no remisión de las remesas en tiempo y forma.

El encuentro estuvo presidido por el titular del Comité provincia Ariel Pagella junto a la secretaria Liliana Martínez y los presidentes de los comité locales, Carlos Guevara y Hugo Cano, de Río Grande y Ushuaia, respectivamente.

En la reunión se elaboró un documento en el que se le exige al Gobierno del ARI «la definición e instrumentación concreta de un plan económico y social que permita superar la grave crisis de nuestra provincia, en un marco de transparencia y responsabilidad fiscal»; además pide -en el mismo tenor crítico- que se respete el envío en tiempo y forma de los fondos coparticipables a los municipios de la provincia, al tiempo que se repudió «toda metodología que se implemente destinada a financiar el déficit de la provincia, desfinanciando y violando las autonomías municipales».

El documento, incluso, solicita a la gestión de la gobernadora Fabiana Ríos que garantice el funcionamiento pleno del IPAUSS, «depositando en los plazos legales correspondientes los aportes de los trabajadores y patronales».

En otro de los puntos salientes del documento, el partido radical reafirma su acompañamiento a la sanción de la ley de Impuestos Internos en el Congreso nacional, que beneficiará a la industria local, aunque reclaman que «la misma sea dada en el marco de transparencia que valorice la seguridad jurídica y las instituciones», en clara alusión a los problemas generados luego de la inclusión subrepticia de un nuevo artículo por parte del bloque de diputados del Frente para la Victoria.

Los radicales fueguinos piden en este fuerte documento que el Gobierno provincial «defina en forma concreta e inmediata una política sustentable en hidrocarburos que asegure la defensa de nuestros recursos», y en este marco solicitan: «se garantice la defensa de los intereses de nuestra provincia, reviendo el convenio suscripto con TDF Energía y Química, para despejar las dudas e irregularidades en el proceso de adjudicación que perjudicará nuestro futuro».

En otro orden, «exige» al Gobierno provincial «que se garanticen los servicios básicos de salud, educación y seguridad, como así también la cobertura de todos los servicios sociales para los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad», remarcando que, desde la conducción partidaria «damos nuestro apoyo a los Intendentes radicales en este momento difícil de crisis que les toca sobrellevar en la asistencia a sus vecinos y en el mantenimiento de sus ejemplares administraciones».

Luego señala que este apoyo se extiende «también en los procesos de juicio político que se impulsan en forma deliberada y mal intencionada; destinados únicamente a socavar y perjudicar sus gestiones y sus posibilidades políticas».

El documento, además, rechaza el proyecto de radiodifusión impulsado por el Gobierno nacional.

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