“No hay voluntad política para frenar la destrucción que provocan las torres”

Los damnificados por estas obras responsabilizan por igual a las empresas constructoras y a las autoridades municipales. Aseguran que los concejales elaboraron las leyes para ordenar la actividad pero las dejaron durmiendo en un escritorio.
Son la contracara del boom de la construcción. Los que debieron correr con los gastos de esa carrera contrarreloj por levantar edificios en altura, que se desató en los últimos cinco años en Río Cuarto.

Semana a semana, el Grupo de Vecinos Damnificados por la Construcción suma nuevos miembros y -frente a la falta de sintonía con las autoridades municipales- promete cambiar sus métodos para hacerse oír.

“Siempre hemos sido respetuosos y pacíficos, pero si siguen dilatando las medidas vamos a empezar a ir a las casas de los funcionarios que han sido responsables de la construcción de edificios sin ningún tipo de control, y los vamos a escrachar para que todos sepan lo que hicieron”, comentó una de las integrantes de la agrupación.

La presencia de un nuevo edificio junto a sus hogares marcó un antes y un después en sus vidas. Hoy, las viviendas de estos vecinos son un muestrario de grietas y de manchas de humedad y, en los casos extremos, duermen con la intranquilidad que implica un riesgo de derrumbe.

“En nuestras casas se han llegado a caer medianeras y vigas; el día que haya una víctima fatal, ¿quién se va a hacer responsable?”, se pregunta Cristina Alvarez. “Es como si nuestras casas nos estuvieran hablando, como si nuestra ciudad nos estuviera pidiendo que hagamos algo, porque lo que afecta a uno, nos afecta a todos”.

La semana pasada organizaron dos encuentros abiertos a la comunidad en Buenos Aires 771. Por ahí, desfilaron unas doscientas personas en busca de asesoramiento para ingresar al registro de eximición de impuestos que propuso el presidente del Concejo Deliberante, Eduardo Yuni, o para recibir un consejo sobre cómo llevar a juicio a alguna constructora.

Una de las voces más experimentadas es la de Norberto Rubini: “El problema arrancó en el 2004 con el boom. Debido a las extraordinarias utilidades del campo y a la desconfianza en el sistema financiero, Río Cuarto se convirtió en un polo de atracción y muchos se volcaron a la edificación de torres porque representaba una inversión rentable y segura”.

Desde entonces, pasaron cuatro años para que las voces de descontento lograron ser un coro. “Durante tres años y medio fuimos voces aisladas que se apagaban enseguida, pero el 6 de abril de 2008 nos reunimos por primera vez para intentar ponerle coto a los desmanes de las torres”, contó Rubini.

Esas primeras reuniones semanales en el club Maipú cobraron la fuerza suficiente para llegar en mayo de ese año a ocupar la Banca del Ciudadano y pasar en limpio un reclamo que ningún concejal que camine el microcentro puede ignorar.

Se presentan como un grupo de autoayuda y de contención para quienes conviven con el drama de los andamios, las grietas y la invasión a la propiedad privada de los albañiles.

“Somos apolíticos. En el lugar donde nos reunimos tenemos un perchero en la entrada, ahí dejamos colgadas todas las apetencias políticas”, graficó Rubini, para evitar confusiones.

De hecho, el descontento no sólo alcanza a las autoridades municipales sino también a quienes, desde la oposición, siguen haciendo la vista gorda a un problema creciente.

“Hemos recorrido todos los bloques de los partidos políticos y han legislado, pero todo eso ha quedado en un escritorio porque no hay voluntad política de cambiar las cosas; exigimos a las autoridades que lleven a la práctica su compromiso de luchar para que las torres no sigan rompiendo nuestras viviendas”, pidió Cristina Alvarez.

Cuando el Municipio quiso crear un registro de damnificados, ellos pusieron el grito en el cielo porque entendieron que era una forma de enfrentarlos con las constructoras y de lavarse las manos.

El resultado de esa movida fue que casi nadie se anotó en ese registro.

“Los funcionarios que habilitaron esos edificios sin prever el impacto ambiental tienen una responsabilidad compartida con quienes los levantaron”, señalan.

Para eso se valen de una encuesta que el año pasado realizaron entre 1.180 riocuartenses en la que el 75 por ciento de los consultados opinó que el municipio tiene tanta responsabilidad como las empresas constructoras en los daños que provocan las torres.

La maestra Irene Pela resumió el espíritu de esta agrupación: “No queremos que nos vean como un impedimento al progreso y a la construcción, justamente lo que estamos protegiendo son construcciones, estamos a favor de la edificación responsable y del cuidado de nuestra ciudad”.

Qué buscan

Los objetivos del Grupo de Vecinos Damnificados por la Construcción fueron resumidos en estos seis puntos.

Frenar el boom de la destrucción.

Exigir mecanismos para reparar los daños materiales, morales, mórbidos y ambientales.

Responsabilizar al municipio por su llamativo silencio, por no ejercer el poder de policía, por la desprotección del vecino, y por delegar en las empresas constructoras el control de los edificios.

Hacer cumplir la Carta Orgánica Municipal.

Respetar la Constitución Nacional, debido a la violación de los artículos 14, 17 y 18.

Servir como un llamado a la solidaridad de los afectados y no afectados.

La cifra

800

Es la cantidad de viviendas que se encuentran seriamente averiadas por el boom de las torres en Río Cuarto, según la estimación del Grupo de Vecinos Damnificados por la Construcción. “Un concejal del oficialismo calculó que hay entre 4 y 6 casas afectadas por edificio, así que la cifra puede ser mucho más alta”, aseguraron.

Comentá la nota