Dos operarios aseguraron este martes que en la Fábrica Militar de Río Tercero había material explosivo que no formaba parte del inventario de la planta, donde en noviembre de 1995 hubo una explosión que causó siete muertos y más de 300 heridos.

"Declararon dos testigos presenciales del hecho, que se desempeñaban en la planta de carga, y abonaron nuestra tesis de que lo sucedido no fue casual, sino programado", aseguró Aukha Barbero, uno de los abogados querellantes.

De esta manera, el magistrado hizo referencia a los testimonios brindados por Elio Acosta y Carlos Cabral. En este sentido, manifestó que los testigos dijeron que habían advertido, en su momento, que "había materiales (explosivos) que debían ser sacados del tinglado (de la planta), cosa de la que las autoridades de la fábrica hicieron caso omiso".

El abogado remarcó que los testimonios también dejaron en claro que "había material (explosivo) que había sido ingresado sin que formara parte del inventario o contabilidad de la fábrica, lo que ratifica que no fue un hecho accidental".

En tanto, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 continuará mañana con las audiencias en las que se juzga a los imputados Jorge Cornejo Torino y Marcelo Gatto (eran autoridades de la fábrica); Carlos Franke y Edberto González de la Vega (integraban la conducción de Fabricaciones Militares).

Durante el juicio se determinará la situación de los cuatro imputados por la presunta comisión de estrago doloso por muerte de personas, sin que estén incluidos el ex presidente Carlos Menem, y el ex jefe del Ejército Martín Balza, que fueron sobreseídos, aunque dicha resolución fue recurrida y aún no fue resuelta.

Varias veces el fiscal y la querella pidieron que sea juzgado Menem, porque "se demostró su directa intervención en los hechos ilícitos (venta ilegal de armas a Croacia)" que se intentaron ocultar con las explosiones en la fábrica de Río Tercero.

De acuerdo con el fiscal y la querella, la voladura en la fábrica de Río Tercero (ubicada a 110 kilómetros de la capital cordobesa) fue provocada para ocultar el faltante de armas producto del tráfico ilegal a Croacia y Ecuador.

En junio de 2013, el Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 3 (TOPE 3) de Capital Federal condenó a Menem a siete años de prisión por ventas ilegales de armas, entre 1991 y 1995, a Ecuador y Croacia, hecho por el cual también se impuso penas a otros ex funcionarios y ex directivos de Fabricaciones Militares.