Las palabras del ex Presidente de Shell, Juan José Aranguren durante un reportaje televisivo, tras varios meses de silencio mediático, generó una polémica referida a la actualidad de la matriz energética y las políticas de Estado que se están llevando adelante a pocos meses de las elecciones presidenciales.

“¿Quién va a invertir para satisfacer ese supuesto derecho humano? ¿Las empresas? Ninguna actúa por beneficencia. ¿Los Estados? Bueno, tienen que tener ingresos y para eso la población los tiene que pagar“, consideró el histórico hombre fuerte del sector petrolero.

Agregó Aranguren que no estaba de acuerdo con que sea un derecho humano, “en algunos casos es un servicio público como en el transporte o la distribución“, aclaró.

Su visión se metió en la arena política en momentos en que los precios de los combustibles siguen aumentando y las facturas de luz se incrementan justo en los días de récords de corte de suministro a causa de las altas temperaturas.

Sin embargo, muchos especialistas piensan de la misma forma que el ex ministro, como el caso de Miguel Boggiano, quien recalcó a surtidores.com.ar que “las cosas tienen un valor de compra y en la Argentina, está tergiversado el uso de la palabra derecho, mientras nadie se pone a pensar sobre el modo de financiar esos supuestos derechos”.

El entrevistado agregó que la distorsión en los costos de las tarifas llevaba 14 años y acusó al fallecido presidente Kirchner de mantener las distorsiones sin ninguna necesidad porque el país contaba con superavit y viento de cola de las condiciones internacionales.

“Lo mismo que el gobierno anterior hizo con las tarifas, lo repitió con los combustibles, imponiendo un valor criollo, impidiendo que las petroleras no pudieran producir, lo que derivó en la decisión de reestatizar YPF”, dijo Boggiano.

Por último, valoró la actitud del gobierno de Mauricio Macri, quien asumió el “enorme costo político de tener que actualizar los precios” y dar paso al desarrollo de Vaca muerta, que “nos devolvió la producción de gas”.

Además alertó sobre “la viveza de los políticos, que utilizan las boletas de los servicios públicos y los precios finales de las naftas al consumidor para implementar impuestos locales y tasas, dentro de la facturación y asegurarse el cobro”.